Se trata de la denuncia pública del director de ARBA: “cada cuatro tanques de nafta que se cargan, uno va para Milei”, una forma cruda de resumir cómo, según Cristian Girard, la estructura tributaria actual está trasladando carga a impuestos de consumo mientras caen los ingresos por impuestos más progresivos (Perfíl, 9/5/2026).
¿Cuánto pagan realmente los argentinos por la nafta?
Girard usa una imagen fácil para marcar un problema de fondo: según su formulación a PERFIL, el impuesto a los combustibles se ha vuelto una fuente creciente de recaudación que recaerá sobre todos los usuarios. Si tomamos la frase tal cual, implica que alrededor del 25% de lo que se paga en la bomba estaría explicado por esa carga específica (Perfíl, 9/5/2026). El problema distributivo aparece cuando ese dinero debería financiar obra pública que la Nación incumple por ley: la base impositiva se concentra en un bien de consumo transversal, no solo en rentas extraordinarias.
Para los hogares esto tiene un doble efecto: impacto directo en el costo del transporte y, por ende, en los precios de bienes y servicios vinculados a la producción nacional; y pérdida de demanda agregada si los ingresos populares siguen ajustándose. Ahí está el nudo: la competitividad no se construye cargando impuestos sobre el consumo interno, sino invirtiendo en productividad y revirtiendo la caída de la demanda.
¿Quién gana y quién pierde con esta estructura tributaria?
El diagnóstico que plantea Girard es de economía dual: mientras ciertos sectores concentran rentas y ven caer su aporte, la factura se traslada a impuestos que pagan todos. El propio funcionario señaló que la recaudación nacional lleva “nueve meses consecutivos” de caída y que el IVA registra su octavo mes en baja (Perfíl, 9/5/2026), señales claras de una contracción del mercado interno. Al mismo tiempo, crece la recaudación por combustibles, una mezcla que, en su valoración, es regresiva.
Las consecuencias son previsibles: pérdida de empleo formal en industria, construcción y comercio y mayor informalidad, como advirtió Girard (Perfíl, 9/5/2026). En términos distributivos, esto redistribuye renta de asalariados y hogares hacia las arcas fiscales de modo poco selectivo, cuando haría falta capturar renta donde se concentra (grandes patrimonios y ganancias extraordinarias) para no recortar el consumo popular.
El impacto real en jubilados y programas sociales
El efecto de esta redistribución también se siente en la protección social. Girard informó que ARBA detectó 17.000 jubilados que no tramitaron la exención del impuesto inmobiliario y que arrastran deudas por $1.000 millones; la agencia está gestionando la exención retroactiva para desendeudarlos (Perfíl, 9/5/2026). Al mismo tiempo, la Provincia reasignó partidas y suspendió momentáneamente por 90 días el programa MESA ante la falta de envío de recursos por parte de Nación (Perfíl, 9/5/2026).
Es decir: la pérdida de recaudación y la reasignación de recursos tienen traducción inmediata en recortes o demoras en políticas alimentarias y en riesgo de mayor presión sobre jubilaciones si la recaudación patrimonial no se recomponen. Por eso la discusión no es técnica: es política y social. Proteger jubilaciones y programas básicos debe estar por encima de cualquier pretensión de “ajuste por la vía del consumo”.
Qué proponemos: prioridades para no ajustar con los que menos tienen
Partimos de una regla simple: no financiar la estabilización con recortes a salarios o jubilaciones. Las medidas deben priorizar proteger el empleo y el consumo. En concreto proponemos: topes temporales y focalizados a aumentos tarifarios vinculados a combustibles y servicios; reempadronamiento de beneficiarios y de empresas que reciben subsidios; uso transparente y focalizado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para sostener empleo en bancos públicos y programas sociales; y profundizar la progresividad tributaria captando renta extraordinaria antes que gravar el consumo popular. Estas propuestas son coherentes con nuestra postura editorial previa (5-9/2026): diálogo social, reempadronamiento y uso focalizado del FGS.
Además, la Nación debe rendir cuentas: si por ley el impuesto a los combustibles está destinado a obra pública, debe ejecutarla o transferir claramente los fondos a las jurisdicciones afectadas. La alternativa —dejar que la carga recaiga sobre hogares y jubilados mientras la inversión no aparece— es socialmente regresiva y económicamente cortoplacista.
Con Girard coincidimos en algo central: hay que cambiar la estructura de la presión fiscal. No alcanza con palabras; se necesitan medidas concretas que protejan a quienes menos pueden pagar y que obliguen a los grandes a aportar su parte, sin desarmar el mercado interno que aún sostiene la economía argentina (Perfíl, 9/5/2026).
