La Bancaria anunció un paro el miércoles 13 de mayo en las últimas tres horas de atención en el Banco Central y el Banco Hipotecario, luego de denunciar el cierre de 12 tesorerías sobre 21 y la pérdida de empleo en el sector, según el sindicato. El gremio informó que la decisión en el BCRA podría implicar la pérdida de 32 puestos y sostuvo que ya se habrían caído aproximadamente 5.000 puestos de trabajo, según declaraciones de su secretario general.

¿Qué pasó concretamente?

La medida es la respuesta a cierres y despidos en dos entidades clave. Según el comunicado de La Bancaria, el BCRA cerró 12 de sus 21 tesorerías regionales, una reducción que el gremio alerta como vaciamiento de funciones esenciales y una amenaza para las economías regionales. El sindicato también señala que el Banco Hipotecario ejecutó despidos y cerró sucursales en distintos puntos del país. La convocatoria al paro del 13 de mayo fue anunciada tras un paro previo de 24 horas del 27 de abril en las tesorerías del BCRA, según el propio gremio. Estos números provistos por La Bancaria —12 tesorerías cerradas, 32 puestos en riesgo en el BCRA y 5.000 puestos perdidos en el sector— son el eje del conflicto.

¿Cómo impacta esto en el empleo y las economías regionales?

Vemos el conflicto primero como un asunto de empleo de calidad. Las tesorerías del BCRA y las sucursales del Banco Hipotecario cumplen funciones de atención financiera en provincias donde la oferta bancaria puede ser limitada; su cierre encarece y dificulta el acceso a servicios básicos. La pérdida señalada de unos 5.000 puestos, si se confirma, tiene un efecto directo sobre consumo local y demanda agregada, especialmente en municipios con alta dependencia del empleo público o financiero. Además, la reducción de atención presencial puede empujar a la exclusión financiera de segmentos de la población mayor o de menor acceso digital. Por estas razones, la defensa del empleo en bancos públicos merece prioridad, no solo por justicia laboral sino por su impacto macroeconómico.

¿Por qué están cerrando tesorerías y sucursales?

Las razones oficiales suelen apuntar a eficiencia operativa, reducción de costos y digitalización. Sin embargo, sin un plan de transición claro estas decisiones trasladan costos al empleo y al acceso público. Cuando el ajuste se concentra en el recorte de estructuras regionales sin alternativas de reubicación o capacitación, termina siendo un ajuste regresivo que concentra servicios en grandes centros urbanos. Además, la pérdida de empleo en sectores formalizados como la banca tiene efectos multiplicadores en la cadena de pagos local. No podemos tomar la premisa de eficiencia como neutral: depende de cómo se redistribuyan los costos y de si hay planes reales para preservar atención y trabajo.

Qué deberían hacer el BCRA, el Banco Hipotecario y el Gobierno

Primero, diálogo urgente con representación sindical para evitar medidas unilaterales. Segundo, reempadronamiento de funciones y evaluación caso por caso antes de cierres definitivos: no todas las tesorerías tienen la misma externalidad regional. Tercero, medidas temporales de protección del empleo —pactos de reducción de jornada con mantenimiento salarial, reasignación interna, programas de capacitación— antes que despidos. Finalmente, proponemos evaluar el uso focalizado y transparente del FGS u otros instrumentos públicos para apoyar la reconversión laboral en bancos públicos, sin financiar ajustes con recortes a salarios o jubilaciones. Estas opciones preservan demanda y evitan que el ajuste recaiga sobre los más vulnerables.

En resumen, frente a cierres y despidos sostenemos que la política pública debe priorizar la protección del empleo y la continuidad de la atención pública, con diálogo inmediato, reempadronamiento de funciones y alternativas concretas antes de decidir recortes definitivos, tal como exige la situación que denuncia La Bancaria.