El Acuerdo Mercosur‑UE, vigente desde el 1° de mayo, podría sumar u$s10.529 millones adicionales a las exportaciones argentinas en los próximos diez años, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Este número resume la promesa comercial del tratado: mayor acceso y menores aranceles para la mayoría de los productos sudamericanos, con especial impacto sobre el sector agroindustrial.

¿Qué implica para las exportaciones y el campo?

A corto y mediano plazo el gran beneficiario del acuerdo es el agro. De acuerdo al informe citado por Ámbito y la BCR, el 85% de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea corresponde a productos agroindustriales (base: exportaciones a la UE). En 2025 las ventas al bloque alcanzaron u$s8.486 millones, equivalentes al 9,7% del total exportado ese año, y aunque la participación cayó al 9,3% en el primer trimestre de 2026, el acuerdo puede revertir la tendencia (Ámbito). El tratado establece que el 99% de las exportaciones del Mercosur ingresará con beneficios: 74% quedó libre de aranceles al entrar en vigencia y otro 18% tendrá desgravación progresiva en los próximos diez años (BCR/Ámbito). Para productos sensibles se definieron cuotas específicas, y la BCR identifica que un 15% de los alimentos exportados al bloque son de alta diferenciación, una ventana para agregar valor.

¿Quién gana y quién pierde con el acuerdo?

La ganancia está clara para los exportadores agroindustriales: mejor acceso, menores costos y previsibilidad. Sin embargo, la distribución del beneficio es desigual. Si gran parte del crecimiento se concentra en commodities o cadenas con escasa oferta de empleo intensivo, el impacto sobre el empleo total puede ser limitado. Además, el acuerdo incluye reglas que limitan el uso de retenciones: desde mayo de 2029 Argentina no podrá aplicar retenciones a exportaciones destinadas a la UE salvo excepciones, y hay techos para el complejo soja (18% en 2031 y 14% en 2036) según la BCR. Eso redistribuye renta: potencialmente más para productores y exportadores y menos para el Estado, si no se diseñan contrapesos. A su vez, hay oportunidades para bienes diferenciados y para atraer inversiones: la UE comprometió 1.800 millones de euros al Mercosur y existen acuerdos energéticos puntuales, como el compromiso alemán por 2 millones de toneladas de GNL desde 2027 (BCR/Ámbito).

¿Qué impacto fiscal tiene y qué significan las retenciones?

Las limitaciones sobre derechos de exportación a destinos europeos reducen el margen de maniobra fiscal que históricamente utilizó el Estado en ciclos externos. No contamos en esta nota con una cifra precisa de cuánto ingreso fiscal dejaría de percibirse, pero la propia cláusula temporal y los techos para el complejo soja implican una menor posibilidad de aplicar impuestos a la renta agraria dirigidos al mercado europeo (BCR). Esa menor recaudación futura debe ser prevista en la política presupuestaria: si se intenta compensar por la vía de recortes de jubilaciones o salarios, el costo social sería alto y contravendría nuestra posición editorial de no financiar estabilización con pérdida de ingresos de trabajadores y jubilados. Por eso resulta imprescindible evaluar medidas alternativas de compensación fiscal, financiación de inversión y redistribución que no depriman la demanda interna.

¿Qué debe hacer el Estado para aprovechar el acuerdo sin destruir empleo ni capacidades?

Proponemos tres líneas: primero, política industrial para que el agro genere más empleo y encadenamientos locales: incentivos a la transformación, agregado de valor y estándares de calidad que aprovechen el 15% de productos diferenciados identificados por la BCR. Segundo, preservar la protección social y el salario real: rechazamos financiar la estabilización con recortes a jubilaciones o salarios; en cambio, impulsar reempadronamiento y uso focalizado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para proteger empleo, producción y consumo, como hemos planteado anteriormente. Tercero, reglas fiscales y compensaciones claras: si se reducen retenciones para exportaciones a la UE, se deben definir contrapartidas progresivas —por ejemplo, gravámenes sobre renta extraordinaria, mayor control a la evasión y condicionalidad de incentivos a inversiones que creen empleo local—. Comparando con otros socios regionales, los acuerdos generan oportunidades solo cuando se combinan con políticas industriales activas; sin eso, el beneficio tiende a concentrarse. En ese sentido, el Estado tiene la tarea de traducir acceso a mercado en trabajo y producción sostenida, no solo en mayores dólares brutos para pocos.