Las distribuidoras del norte ya advirtieron que, ante un frente frío, las fábricas podrían quedarse sin gas: la capacidad de transporte desde Neuquén pasará de 4,99 MMm³/d a 3,22 MMm³/d, una caída de 1,77 MMm³/d (-35%), según la carta de la Unión Industrial de Tucumán citada por PERFIL con fecha 01/05/2026. Este dato resume el riesgo inmediato: menos volumen disponible y precios internacionales que encarecen cualquier solución alternativa.

¿Qué pasó y por qué importa ahora?

La Secretaría de Energía reconfiguró el uso de capacidad con la resolución 66/2026 para reasignar gas hacia donde hoy la producción creciente lo exige, en particular Vaca Muerta, que la nota describe como rompiendo récords (PERFIL). En paralelo, la Cuenca Noroeste aporta apenas un 20% de su capacidad histórica, lo que obliga a traer gas desde otras latitudes y encarece el transporte (PERFIL). Como paliativo, el Gobierno volvió sobre su plan de privatizar importaciones y delegó las compras de GNL a la estatal Enarsa; los buques regasificadores tienen ventana de llegada programada entre junio y agosto (PERFIL). Además, el GNL estimado para mayo cotiza cerca de seis veces los costos residenciales sin subsidios, un factor que vuelve prohibitiva la sustitución masiva por importaciones (PERFIL). Estos elementos hacen urgente combinar medidas operativas y económicas para evitar cierres en plena zafra.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

El choque es simultáneo sobre oferta y demanda industrial. En Tucumán, la zafra de limón y azúcar coincide con la alerta: las fábricas necesitan energía en plena temporada alta y ya trabajan en muchos casos al 60% de su capacidad instalada, según declaraciones de la Unión Industrial de Tucumán citadas por PERFIL. Menos gas disponible y GNL caro empujan costos operativos al alza y constituyen un factor adicional de riesgo para el empleo regional, en un contexto de caída del consumo interno. Desde nuestra lente, el primer filtro debe ser laboral: la política no puede convertir un ajuste técnico en ajuste social. No hay indicios de que recortes a salarios o jubilaciones mitiguen este tipo de problema logístico; en cambio, agravarían la caída de la demanda agregada. Por eso proponemos medidas que protejan el empleo y la producción sin trasladar el costo entero a los hogares más vulnerables.

¿Qué debe hacer el Estado ahora?

La respuesta pública tiene dos planos: operativo y distributivo. En lo operativo, acelerar la reversión del Gasoducto del Norte y priorizar la llegada de buques regasificadores es esencial; estos buques, según PERFIL, tienen ventana entre junio y agosto, por lo que la coordinación inmediata es clave. En lo distributivo, apoyamos topes temporales y focalizados a aumentos tarifarios, reempadronamiento de beneficiarios y transparencia en las compras de GNL por parte de Enarsa, para que el costo no recaiga indiscriminadamente sobre trabajadores y jubilados. También proponemos líneas de crédito productivo—con plazos y tasas compatibles con zafras agrícolas—para evitar paradas por falta de capital de trabajo. Rechazamos financiar la emergencia mediante recortes a salarios o jubilaciones; esa opción destruye demanda y empleo, según nuestra posición previa.

Mirada de medio plazo: infraestructura y competitividad

La crisis actual expone una regla estructural: competitividad no se logra licuando salarios, sino construyendo capacidades. La Cuenca Noroeste operando al 20% de su capacidad histórica y la asignación preferente a grandes centros de consumo muestran que la contención logística es la falla principal (PERFIL). Acelerar obras de transporte, invertir en almacenamiento y diversificar fuentes energéticas debe ser parte del plan productivo para los próximos cinco a diez años. En paralelo, las políticas financieras pueden usar herramientas como créditos productivos temporales financiados con recursos públicos o con parte de fondos orientados a inversión, siempre con reempadronamiento, topes y controles de transparencia, tal como hemos sostenido sobre el uso responsable del FGS y la protección de jubilaciones. La prioridad es clara: preservar empleo y capacidad productiva hoy y consolidar infraestructura para que el próximo invierno no vuelva a poner en jaque a las economías regionales.