La paradoja es simple y concreta: Vaca Muerta dispara exportaciones, pero el país necesita traer barcos de gas licuado para cubrir la demanda interna, y ese costo puede superar lo que entra por retenciones y otros gravámenes. Según el informe citado por iProfesional, el arancel a las exportaciones convencionales subió de 3,6% a 8% (FIEL) pero no alcanzaría a compensar los mayores subsidios y gastos logísticos. Esta tensión fiscal ya se ve en la contabilidad de corto plazo y en las señales de escasez en estaciones de GNC.
¿Qué está ocurriendo y por qué importa?
Vemos dos fenómenos simultáneos: precios internacionales altos del crudo (Brent por encima de u$s100) y cuellos de botella en la red de transporte doméstico. El resultado es que, aunque haya más producción, no siempre alcanza para el consumo local: el gas disponible en Neuquén resulta barato en origen pero no llega a todas las provincias. Expertos citados en la nota señalan que el gasoducto inaugurado en 2023 transportó alrededor de 11 millones de metros cúbicos, cuando su potencial es de 40 millones (fuente: informe consultado por iProfesional). Además, la Unión Industrial de Salta advirtió que el GNL puede costar hasta seis veces más que el gas de Neuquén para abastecer el norte (Unión Industrial de Salta), lo que convierte la importación en una solución cara y temporal.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
El efecto más inmediato es fiscal y distributivo. En lo que va del año, y en términos reales, los subsidios a la energía aumentaron 86% acumulado (Iaraf), mientras que los subsidios al transporte cayeron 31% en el mismo perímetro temporal (Iaraf). El impuesto a los combustibles ya representa más de 3% de la recaudación total y registró un salto real en marzo (iProfesional). Estos reacomodos redistribuyen ingresos: provincias productoras obtendrán mayores regalías, pero la Nación enfrenta mayores erogaciones corrientes. Para las empresas intensivas en energía —cerámica, ingenios, curtiembres, minería— la restricción de GNC y la prioridad al consumo residencial amenazan contratos y empleo regional (Unión Industrial de Salta). En hogares de bajos ingresos, la mayor presión sobre tarifas o la continuidad de subsidios implican pérdida de poder adquisitivo, y eso recae desproporcionadamente sobre mujeres, que soportan gran parte de las tareas de cuidado y de gestión del empobrecimiento energético.
¿Qué opciones de política son viables sin castigar salarios y jubilaciones?
Hay alternativas coherentes con la prioridad que sostenemos: acumular reservas y ordenar las cuentas sin recortar ingresos laborales o previsionales. Primero, topes temporales y focalizados a aumentos tarifarios para preservar salario y consumo, combinados con ampliación de la tarifa social para hogares vulnerables. Segundo, acelerar licitaciones transparentes para importación de GNL cuando sea necesario, pero con contratos cortos y competencia internacional para reducir costos fiscales. Tercero, priorizar inversión pública en plantas compresoras y ampliación de capacidad de transporte (Tratayén, Salliqueló, Mercedes) para reducir la dependencia de embarques caros. Finalmente, revisar el diseño de las retenciones móviles: un tope fijo de 8% sobre la renta extraordinaria parece insuficiente cuando los precios suben rápido; modelos comparados (por ejemplo, regalías adaptativas en Canadá) merecen evaluación técnica (FIEL).
Conclusión: entre estabilizar y desarrollar
La lección es clara: tener hidrocarburos no equivale automáticamente a seguridad energética ni a alivio fiscal. Sin infraestructura de transporte y sin reglas fiscales que capten renta de forma progresiva, el país puede enfrentar simultáneamente bonanza exportadora y tensiones presupuestarias. Apoyamos la acumulación ordenada de reservas y la normalización de las cuentas, pero rechazamos que eso se logre mediante recortes a salarios o jubilaciones. Preferimos medidas transitorias y focalizadas —topes temporales a aumentos tarifarios, ampliación de tarifa social, inversiones en transporte de gas y licitaciones eficientes para GNL— que protejan el empleo y permitan que la riqueza de Vaca Muerta se traduzca en desarrollo productivo y no en déficit fiscal coyuntural.
