Argentina produce 882.000 barriles diarios y Vaca Muerta explica el 68% de ese volumen, pero el litro de nafta se vende a US$1,50 —más caro que en EE. UU. (US$1,09) y Brasil (US$1,31)— según IAG y datos de surtidores. Esa contradicción no es un accidente de mercado: es la consecuencia de decisiones de política fiscal, regulatoria y cambiaria.
¿Por qué ocurre esta paradoja?
Vemos tres decisiones públicas que explican por qué un país exportador paga combustibles como si fuera importador. Primero, la sanción de la Ley 27.742 en junio de 2024 derogó la obligación de priorizar el abastecimiento interno que contenía la Ley 26.741; eso dio libertad plena a los productores para exportar y limitó la intervención del Ejecutivo en la formación de precios, incluyendo el barril criollo. Segundo, el impuesto interno a los combustibles (ICL) subió del 10% en 2022 al 20% en marzo de 2026 y se convirtió en la carga que más creció, según IAG. Tercero, la moneda experimentó apreciación real que hace que el precio en dólares suba por la vía cambiaria. Juntas, estas medidas trasladan renta del recurso al superávit fiscal y al consumidor, no al mercado doméstico.
¿Cómo impacta esto en las familias y las empresas?
El impacto es directo y regresivo. Desde diciembre de 2023 la nafta aumentó 542,7% nominal y 64% en términos reales, frente a una inflación acumulada del 292% y un aumento salarial del sector privado del 288%, según INDEC y SIPA. Solo en 2026 la nafta subió 24% mientras el IPC creció 9% y los sueldos privados 6,7%, según IAG e INDEC. El resultado es menos ingreso disponible para alimentación, transporte y educación, y una presión de costos que se traslada a toda la cadena logística: transporte de alimentos, insumos industriales y tarifas de distribución. Para las pymes y la industria esto significa menos competitividad frente a rivales que acceden a combustibles más baratos o a mercados de escala internacional.
¿Qué alternativas de política tenemos?
Las salidas no son mágicas, pero son operativas. Proponemos tres medidas claras y coherentes con nuestra posición previa de apoyar alivios focalizados y temporales: 1) Restaurar un mecanismo de abastecimiento interno que garantice el suministro a precios competitivos, readecuando el concepto del barril criollo a la nueva estructura productiva; 2) Reducir de manera temporal y focalizada la carga del ICL sobre el litro para transporte público y actividades intensivas en logística, financiando la ventana vía redirección transparente de partidas ya recaudadas y no con recortes de jubilaciones o salarios; 3) Ejecutar la infraestructura que la Ley 23.966 manda financiar con el ICL: esa ley obliga a destinar 28,58% de la recaudación al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, y según IAG hay alrededor de $3 billones de ICL acumulados sin ejecución. Ejecutar obras reduce costos de logística y recupera demanda productiva.
¿Qué enseñanzas regionales y de largo plazo deben guiar la decisión?
Comparando con la región vemos prioridades distintas: ante el mismo shock externo México subió precios 9,8% y Brasil 7,6% mientras Argentina subió 24% en cuatro meses; Colombia incluso bajó precios 0,7% (fuente: IAG). La lección es que la política de precios internos y la captura de renta no son inevitables: son decisiones. En el largo plazo necesitamos políticas que conviertan recursos naturales en capacidades productivas: inversión en logística, crédito para industria y reglas que vinculen exportaciones con oferta doméstica. Además, recordar que el salario es demanda; deprimir ingresos para ganar competitividad por vía salarial destruye mercado interno y empleo. Por eso cualquier alivio debe ser temporal, focalizado y transparente.
Conclusión y propuesta concreta
No basta con señalar la paradoja: hay que actuar. Restaurar reglas que prioricen el mercado interno, reducir y focalizar el ICL en sectores clave, y ejecutar los fondos de infraestructura son medidas prioritarias. Apoyamos alivios fiscales temporales y focalizados para proteger empleo y consumo, pero exigimos que no se financien con recortes a jubilaciones o salarios y que haya plena transparencia en el uso de los recursos recaudados, en línea con nuestra postura previa. La prueba de política será que esas medidas reduzcan costos sin hipotecar la protección social ni la inversión de largo plazo.
