La Justicia federal de San Martín suspendió el 27 de mayo de 2026 los efectos de la Resolución 42/2026 y ordenó durante seis meses la preservación de la estructura operativa y laboral del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), frenando la eliminación de cerca de 1.000 servicios sobre un total de 3.000 prestaciones y la posibilidad de unos 700 despidos de una planta de alrededor de 2.300 trabajadores (News, 27/5/2026). Este primer párrafo resume la decisión: suspensión temporal de la reestructuración y protección del statu quo hasta que se resuelva el fondo del asunto.
¿Qué decidió la Justicia y qué implica?
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín hizo lugar parcialmente a la medida cautelar presentada por ATE y ordenó que el INTI “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo” derivado de la Resolución 42/2026 por el plazo de seis meses (News, 27/5/2026). El juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto prohibió la cesación, transferencia o modificación de servicios y cualquier movimiento de equipamiento con fines de reubicación o disposición (News, 27/5/2026). La fundamentación judicial se apoyó en la función pública del INTI: estudios e investigaciones para mejorar procesos industriales y en el principio de estabilidad laboral protegido por la Ley de Contrato de Trabajo y convenios colectivos.
La suspensión evita, de modo inmediato, que la baja de casi 1.000 servicios —un tercio de las 3.000 prestaciones del instituto según la presentación gremial— se traduzca en cambios operativos inmediatos y potenciales despidos (News, 27/5/2026). En términos prácticos, el fallo obliga a las autoridades a mantener las funciones y la ocupación efectiva mientras se discute la constitucionalidad y el fondo de la norma, y fija un plazo claro: la medida cautelar opera hasta el 27 de noviembre de 2026, frente a la intención oficial de aplicar la reestructuración de inmediato (News, 27/5/2026).
¿Cómo impacta esto en la industria y en la seguridad alimentaria?
El INTI presta servicios que no son meramente administrativos: realiza ensayos microbiológicos, calibraciones, certificaciones y controles exigidos por mercados internacionales, y actúa como referencia técnica para laboratorios privados y cámaras empresarias (News, 27/5/2026). Sectores como alimentos, autopartes, energía y construcción dependen de esas prestaciones para exportar y cumplir normas. La eliminación propuesta amenazaba la continuidad de certificaciones y controles que, según cámaras y la Unión Industrial Argentina, no siempre tienen reemplazo local equivalente (News, 27/5/2026).
Si una reestructuración se aplicara sin planificación, la pérdida de capacidades técnicas tendría un costo productivo que excede el ahorro fiscal inmediato. La amenaza era doble: afectar empleo público —unos 2.300 trabajadores en el INTI, con riesgo de ~700 despidos según los gremios— y erosionar servicios que sostienen exportaciones y seguridad sanitaria (News, 27/5/2026). El fallo judicial da tiempo para evaluar ese trade-off y evitar que decisiones administrativas destruyan capacidades estratégicas de largo plazo.
¿Qué alternativa de política proponemos?
Rechazamos financiar la estabilización con recortes a jubilaciones o salarios; en el caso del INTI esa lógica también sería contraproducente porque licuaría demanda interna y dañaría capacidades técnicas. Proponemos usar el plazo de seis meses que dio la Justicia para abrir una mesa tripartita (Estado, sindicatos, empresas) que defina qué servicios son esenciales y cómo garantizar su continuidad. Sugerimos dos medidas concretas: 1) priorizar el uso focalizado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para sostener proyectos de transición y readecuación tecnológica del INTI; 2) reempadronar programas y contratos para evitar superposiciones y dirigir recursos a mantener empleo y capacidad operativa.
El objetivo debe ser preservar empleo y funciones críticas sin recurrir a atajos redistributivos que recaigan sobre jubilados o salarios. Si el Gobierno insiste en ajustar, tendrá que transparentar el ahorro esperado y compararlo con el costo productivo y social de perder certificaciones y saber hacer técnico. Tenemos seis meses para construir una alternativa que combine eficiencia con preservación de capacidades industriales; sería irresponsable desperdiciar ese tiempo.
