El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba concluyó que las cuentas 2025 carecen de razonabilidad y que, si se aplicaran criterios contables homogéneos, el resultado sería un déficit de $444.986 millones, por lo que recomendó no aprobar la Cuenta General (Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, 29/05/2026).
¿Qué encontró el Tribunal y qué significa?
El dictamen concentra su crítica sobre la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), que “capitaliza” pérdidas por diferencias de cambio e intereses en lugar de registrarlas como gastos, y que estas maniobras explican la transformación de un déficit real en el supuesto superávit reportado de $592.000 millones por la administración provincial (Tribunal de Cuentas, 29/05/2026). Además, el informe puntualiza que la provincia declaró recursos del Tesoro por $1.464.443 millones, pero que el 66,78% de ese total corresponde a un crédito contra la Caja de Jubilaciones considerado ilíquido y de recuperación incierta (Tribunal de Cuentas, 29/05/2026). El efecto neto de estas prácticas es una imagen financiera artificialmente mejorada que impide una evaluación fiel de la sustentabilidad fiscal provincial. Vemos aquí no sólo una disputa contable sino una distorsión que condiciona decisiones de política pública, desde la inversión en obras hasta la atención a servicios esenciales.
¿Cómo impacta esto en jubilados y las finanzas provinciales?
El capítulo sobre la Caja de Jubilaciones es de los más graves: el Tribunal describe una “financiarización del derecho social” donde el Estado actúa como prestamista y aplica tasas como la BADLAR, generando un pasivo que deja a la Caja en patrimonio neto negativo de $936.352 millones; el 76% de ese déficit, dice el informe, no proviene del régimen previsional en sí sino de los intereses derivados de esa relación financiera (Tribunal de Cuentas, 29/05/2026). Además, dentro del activo declarado figura un componente de $531.568 millones en intereses técnico-cuestionados, lo que agrava la iliquidez de los recursos del Tesoro (Tribunal de Cuentas, 29/05/2026). Esto tiene consecuencias directas sobre la seguridad social: transformar obligaciones previsionales en créditos estatales con intereses altos puede derivar en emergencias que luego se intenten resolver mediante ajustes al haber jubilatorio o a los salarios públicos, medidas que rechazamos por su impacto distributivo y sobre la demanda agregada.
¿Cómo impacta esto en el mercado y el empleo?
La distorsión contable y el uso de entes fuera del control preventivo generan riesgo fiscal real para proveedores y para la obra pública local: el Tribunal señala que el 72% de la inversión en infraestructura se ejecuta a través de entes descentralizados y agencias excluidas del control preventivo, configurando una “zona gris” que dificulta la rendición y la sostenibilidad de compromisos (Tribunal de Cuentas, 29/05/2026). Si la provincia, ante el déficit real de $444.986 millones, optara por ajustes lineales —recortes salariales o previsionales— se debilitaría la demanda interna y se pondrían en riesgo empleos vinculados a la obra pública y a proveedores locales, profundizando la recesión regional. Hay además señales concretas de desvío de fondos que erosionan confianza: un exceso de utilización del FUCO por $51.877 millones y la desviación de recursos del Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario para comprar un avión hidrante, operaciones que el Tribunal considera fuera del objeto legal (Tribunal de Cuentas, 29/05/2026). La consecuencia es doble: mayor costo político para la provincia y mayor prima de riesgo para sus financiamientos.
¿Qué medidas urgentes y coherentes proponemos?
Primero, exigimos auditoría externa independiente y publicitación completa de los contratos y flujos de ACIF y de los entes descentralizados para que la sociedad y los mercados conozcan la cuenta verdadera; el dictamen del Tribunal debe ser punto de partida, no cajón de sastre. Segundo, rechazamos cualquier intento de financiar la consolidación con recortes a jubilaciones o salarios —coherente con nuestra posición previa—; en su lugar proponemos medidas redistributivas y de control: reempadronamiento de transferencias (por ejemplo, programas subnacionales como SUBE cuando aplique), reparación del FUCO y reconducción de recursos desviados al objeto original del fideicomiso (Tribunal de Cuentas, 29/05/2026 muestra $51.877 millones de uso excesivo). Tercero, planteamos una negociación técnica entre Provincia y Caja para reestructurar los créditos y eliminar intereses asumidos que hoy generan un pasivo de $531.568 millones, combinada con el uso focalizado de fuentes federales o del FGS para proteger empleo y consumo sin sacrificar jubilaciones. Estas medidas buscan restablecer transparencia, sostener el mercado interno y proteger el derecho social mientras se recupera credibilidad fiscal.
