El Sector Público Nacional registró en febrero un superávit primario de $1,4 billones y un superávit financiero de $144.421 millones, pese a una caída real de la recaudación cercana al 9% interanual, según informó el Ministerio de Economía. Ese resultado llegó acompañado de un recorte real del gasto cercano al 8% y de un aumento en las rentas de la propiedad y otros ingresos no tributarios que, en conjunto, aportaron más de $850.000 millones.

¿Qué dijo el Gobierno y qué esconden los números?

El Gobierno destaca el resultado como prueba del ancla fiscal: los ingresos totales alcanzaron $11,8 billones en febrero, de los cuales $10,9 billones fueron recursos tributarios, según el Ministerio de Economía. Sin embargo, esos recursos tributarios muestran una caída real interanual cercana al 9% (IARAF), mientras que las rentas de la propiedad sumaron $346.608 millones (+8,5% real) y los “otros ingresos no tributarios” llegaron a $511.623 millones (ambos con subas nominales del 43% según el informe). En otras palabras, el superávit se explica menos por una mejora en la recaudación tradicional y más por ingresos financieros y ganancias de empresas estatales, incluyendo utilidades del FGS por $69.256 millones (+62% nominal). Esta composición importa: ingresos volátiles y concentrados no sustituyen una recaudación consistente y progresiva.

¿A quién beneficia este superávit y quién lo paga?

La distribución del ajuste es clara en los números. El gasto previsional alcanzó $7,1 billones en febrero, pero con una caída real de 6,6% (Ministerio de Economía / IARAF), mientras que los gastos corrientes bajaron casi 8,8% real. Al mismo tiempo, los subsidios económicos sumaron $554.487 millones, con $348.417 millones para energía (+123% nominal) y $206.070 millones para transporte (caída nominal del 22%). Las transferencias a las provincias fuera de coparticipación apenas totalizaron $100.000 millones. Esto revela ganadores y perdedores: las rentas financieras y algunas empresas estatales aportaron a las cuentas, pero la consolidación presiona prestaciones sociales y el gasto público que sostiene empleo, servicios y demanda. Reafirmamos que no es aceptable financiar recomposiciones salariales o medidas sociales mediante recortes previsionales; esa vía agrava la desigualdad y contradice posiciones previas sobre protección de jubilaciones.

¿Cómo impacta esto en el empleo y la demanda interna?

Un ajuste fiscal basado en recortes reales del gasto corriente y previsional tiene efectos sobre la demanda agregada. Cuando el gasto público y las jubilaciones se achican en términos reales, se reduce el consumo de hogares que recurren a esos ingresos, lo que puede traducirse en menor facturación para pymes y pérdida de empleo. Además, el costo de la deuda impacta: IARAF señala que el gasto en intereses creció un 10% real interanual, lo que resta espacio fiscal. La caída del superávit financiero —de $413.000 millones en febrero de 2025 a $144.000 millones en febrero de 2026 (IARAF)— muestra volatilidad y dependencia de ingresos no sostenibles. Desde nuestras lentes, el salario no es sólo un costo: es demanda. Políticas que prioricen el equilibrio fiscal a costa de salarios y jubilaciones arriesgan profundizar recesión y desempleo.

Qué debería hacer el Gobierno ahora

La evidencia indica tres prioridades: 1) proteger ingresos de jubilados y trabajadores, evitando financiar mejoras salariales con recortes previsionales; 2) mejorar la calidad y progresividad de la recaudación para reducir dependencia en rentas de la propiedad y otros ingresos volátiles; 3) focalizar subsidios donde son críticos para empleo y cadena productiva, y aumentar transparencia en transferencias a provincias (hoy apenas $100.000 millones fuera de coparticipación). En términos concretos, proponemos combinar mayor progresividad tributaria sobre rentas extraordinarias con controles a la fuga de capitales y créditos orientados a inversión productiva con salvaguardas de empleo. Negociar con el FMI puede ser compatible con estas prioridades, pero no debe usar como excusa para erosionar jubilaciones ni salarios.

El superávit contabiliza hoy un resultado; la pregunta es si construye un crecimiento sostenible, con empleo y equidad. Los números muestran que aún estamos lejos de esa respuesta.