Las provincias recibieron $8,04 billones en transferencias automáticas en mayo, un máximo histórico nominal que cortó una racha de cuatro meses de caídas y mostró una suba real interanual del 8,3% según Politikon Chaco con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía. El motor de ese alivio fue el impuesto a las Ganancias, que según IARAF (sobre DNAP) subió 26,1% real interanual por los vencimientos anuales de sociedades, mientras que el IVA cayó 9,3% real interanual.

¿Qué pasó y por qué?

Vemos dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, Politikon Chaco reporta $8,04 billones transferidos a provincias en mayo y un aumento real mensual del 40,8% frente a abril, impulsado por el vencimiento anual de Ganancias. Por otro, IARAF señala que el IVA mostró una retracción real del 9,3% interanual, y los impuestos internos cayeron 19,1% real (IARAF sobre DNAP). El resultado agregado de IVA y Ganancias fue una suba real estimada del 10,2% interanual, pero esa cifra oculta su composición: Ganancias aportó la mayor parte del impulso y el IVA resta. Además, otros rubros mostraron heterogeneidad: Monotributo creció 64% real y Bienes Personales 33% (Politikon Chaco), lo que indica dinámicas distintas entre actores económicos. En síntesis, mayo dejó un alivio fiscal para las provincias pero sustentado en componentes posiblemente no recurrentes.

¿Cómo impacta esto en el mercado laboral y la consolidación fiscal?

La mejora en coparticipación reduce presión inmediata sobre las cuentas provinciales, pero no resuelve la debilidad del mercado interno. Una caída del IVA del 9,3% real (IARAF) es compatible con menor consumo y, por ende, con riesgo sobre el empleo en sectores que dependen de la demanda doméstica. Si las administraciones locales festejan el ingreso adicional como si fuera estructural, corren el riesgo de consolidar gasto permanente con recursos que pueden no repetirse cuando pasen los vencimientos de Ganancias. En términos distributivos, este episodio tiende a beneficiar temporalmente a las provincias sin cambiar la relación entre asalariados y capital. Por eso, como venimos sosteniendo, la estabilización no debe financiarse con recortes a jubilaciones o salarios; esos ajustes erosionan la demanda y destruyen empleo. La clave es usar recursos transitorios para proteger empleo y consumo, no para ajustar gasto recurrente.

¿Qué deberían hacer Nación y provincias ahora?

Primero, transparencia: exigir que DNAP y los gobiernos provinciales publiquen la composición de ingresos y expliquen qué parte es recurrente y qué parte es puntual. Segundo, gestión prudente del viento de cola: destinar una porción del aumento por Ganancias a fondos de estabilización provinciales o a programas focalizados de protección del empleo, en vez de aumentar gastos permanentes. Tercero, medidas activas para recuperar consumo: reempadronamiento de programas sociales y de movilidad (como la SUBE) para afinar la focalización y liberar recursos de manera progresiva. Cuarto, uso focalizado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para líneas de crédito laboral y apoyo a pymes que sostengan empleo, en lugar de recurrir a recortes de salarios o jubilaciones. Estas medidas combinan prudencia fiscal con cuidado social y productivo.

En las diferencias entre jurisdicciones está la prueba: Catamarca mostró la mayor variación relativa (+12,7%), mientras que Buenos Aires subió 7,3% (Politikon Chaco), lo que obliga a soluciones federalmente diferenciadas. Un alivio puntual no sustituye una estrategia de mediano plazo para fortalecer la demanda interna y la capacidad productiva.

En conclusión, el registro de mayo es una buena noticia circunstancial para las arcas provinciales, pero no una señal de recuperación automática. Debemos evitar la trampa de financiar la consolidación con recortes a jubilaciones y salarios. Optar por uso focalizado del FGS y por reempadronamiento de programas para proteger empleo y consumo es la orientación coherente con la necesidad de combinar estabilidad y desarrollo.