El Super RIGI propone reducir la alı́cuota del impuesto a las ganancias al 15% por 30 años para proyectos de alto valor agregado, pero exige una inversión mínima de u$s11.000 millones, lo que deja fuera a la gran mayoría de firmas argentinas y concentra beneficios en pocos jugadores (según Ámbito, 31/5/2026). Este diseño coincide con una caída sostenida de la actividad y el empleo industrial que ya muestra números preocupantes: cerca de 300.000 puestos registrados perdidos y entre 24.180 y 25.000 unidades productivas cerradas, según el mismo informe. Aquí explicamos por qué esos incentivos no alcanzan y qué alternativas son plausibles.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
El esquema del Super RIGI agrava una paradoja: se ofrecen grandes exenciones para atraer proyectos gigantescos mientras el mercado interno se contrae. El RIGI vigente exige inversiones entre u$s200 y u$s600 millones según el sector; el Super RIGI sube esa vara a u$s11.000 millones (según Ámbito, 31/5/2026). En paralelo, según INDEC, la tasa de desempleo subió del 5,7% a fines de 2023 al 7,5% al cierre de 2025, lo que representa más de 270.000 personas adicionales buscando trabajo (INDEC, comunicación oficial). Menos demanda interna reduce la rentabilidad de las empresas orientadas al mercado doméstico y hace que los incentivos a mega proyectos tengan un efecto limitado sobre el empleo masivo que necesita la economía.
La concentración de beneficios también alimenta la fuga de empresas y la sustitución de producción local por importaciones. El resultado esperado por quienes sostienen estos regímenes —entrada de tecnología y empleo de alta calificación— no se materializa a escala suficiente para compensar la destrucción en el tejido pyme y en la construcción.
¿Para quiénes son los incentivos y qué asimetrías generan?
Los regímenes muestran asimetrías claras. Las PyMEs bajo RIMI acceden principalmente a amortizaciones aceleradas sobre bienes muebles y obras, mientras que RIGI y Super RIGI reducen la tasa de Ganancias al 25% y 15% respectivamente por 30 años y ofrecen aranceles de importación y exportación cero con plazos distintos (según Ámbito, 31/5/2026). En la práctica, una microempresa con inversiones de u$s150.000 queda fuera; una mediana promedio tampoco llega a los umbrales del RIGI; y el Super RIGI está pensado para pocos proyectos de escala continental.
Además, el tratamiento de aranceles difiere: el RIGI permite 0% de derechos de exportación a los 3 años de inicio, mientras que el Super RIGI los deja en 0% desde el día 1. Para importaciones, el RIGI limita 0% a bienes de capital; el Super RIGI extiende ese beneficio a todos los bienes de producción. El efecto distributivo es obvio: se favorece la importación de insumos y la competencia sobre productores locales, sin contrapartidas claras para fortalecer cadenas de valor nacionales.
Qué alternativa industrial y fiscal proponemos
No se trata de elegir entre proteccionismo y abandono: proponemos una política industrial activa que combine incentivos compatibles con el tejido pyme, financiamiento productivo y protección del consumo. El staff del FMI estima que una reforma tributaria como la sugerida podría aumentar la recaudación en 3,3% del PIB, si se amplı́a la base y se eliminan exenciones (IMF Staff Report 2026). Ese margen fiscal debe orientarse a preservar el empleo y fortalecer capacidades: reactivar al INTI, recuperar financiamiento a largo plazo y sostener universidades y formación técnica.
Rechazamos financiar la estabilización con recortes a jubilaciones o salarios. En cambio proponemos usar de forma focalizada el Fondo de Garantı́as de Sustentabilidad (FGS) para avalar créditos productivos, y reempadronar programas sociales y subsidios para dirigir recursos hacia consumo de familias vulnerables y apoyo a PyMEs. Sin demanda interna no habrá inversión que aguante: el salario es también demanda agregada. Si la política pública no articula protección social, financiamiento y razónable selectividad en incentivos, el relato de atracción de mega proyectos quedará como una promesa que no frena el industricidio.
En definitiva, los regímenes RIMI, RIGI y Super RIGI muestran por qué no alcanza con bajar impuestos para atraer capitales: sin mercado interno, sin ciencia y con servicios públicos desfinanciados, los incentivos se vuelven transferencias a la renta y no motores de desarrollo sostenible.
