El Estado resignaría USD 1.837 millones anuales en recaudación por los proyectos aprobados del RIGI, lo que equivale a 0,27% del PBI anual, según el equipo del diputado nacional Guillermo Michel; y el programa ya acumula compromisos por USD 94.965 millones en iniciativas reportadas por la consultora Paspartú, con USD 27.210 millones comprometidos en 15 emprendimientos aprobados. Esto resume la contradicción central: se promete una lluvia de dólares que puede terminar siendo una fuga de renta si no hay anclajes que obliguen a consumir y producir localmente.
¿Qué es el Súper RIGI y qué cambia respecto del RIGI?
Vemos que el Súper RIGI amplía beneficios ya generosos del RIGI: baja del Impuesto a las Ganancias hasta 15% y un tope del 10% para contribuciones patronales, además de exenciones arancelarias y estabilidad regulatoria por décadas. Según Paspartú, el régimen original reporta USD 94.965 millones en proyectos en evaluación y USD 27.210 millones aprobados; el costo fiscal inicial estimado por el equipo del diputado Michel es de USD 1.837 millones anuales. El cambio sustantivo es que, según el ex titular de la AFIP citado en la nota, si se proyectan USD 100.000 millones de inversión bajo las reglas del Súper RIGI, el costo tributario podría saltar a 1,27 puntos del PBI anual. Esa comparación muestra que el nuevo régimen no es una mera ampliación técnica sino un salto fiscal de magnitud macroeconómica.
¿A quién beneficia y quién pierde con esta estrategia?
El diseño actual favorece sectores extractivos y capitales con elevada capacidad de remesar utilidades: petroleras, mineras y proyectos de upstream en Vaca Muerta aparecen como principales beneficiarios, y varios informes señalan que muchos de esos proyectos eran rentables sin incentivos. Según el informe de Juan José Carbajales citado en la nota, incluir al upstream petrolero habilita inversiones que probablemente hubieran ocurrido igual. Por otro lado, la industria local reclama que el requisito de compras locales del RIGI fue capturado por obra pública y que el Súper RIGI reduce aún más los anclajes de integración. En suma, la ganancia privada puede concentrarse mientras el Estado pierde recursos fiscales que podrían haberse usado para fomentar proveedores locales y I+D.
¿Cómo impacta esto en el empleo y la industria local?
La mecánica importa: si las inversiones entran y no compran insumos locales ni generan encadenamientos, el efecto sobre el empleo formal será limitado. Los datos son tajantes: según el informe de Misión Productiva, con base en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), casi el 60% de las ramas productivas privadas destruyó empleo registrado entre noviembre de 2023 y febrero de 2026; en ese período la construcción perdió 81.295 empleos formales y la industria manufacturera 76.556. Esa sangría muestra que hoy los sectores que emplean intensamente están en retroceso. Si el objetivo de atraer divisas es también recuperar empleo y capacidad productiva, un régimen que facilita la importación de insumos y no exige compras locales es ineficiente desde ese punto de vista.
Qué proponemos para no cargar el ajuste sobre salarios y jubilaciones
Rechazamos financiar la estabilización con recortes a jubilaciones o salarios. Proponemos alternativas que prioricen el empleo y la demanda interna: uso focalizado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para cofinanciar encadenamientos productivos, reempadronamiento y racionalización de programas sociales para dirigir recursos a empleo registrado y capacitación, y condicionalidades sectoriales en los regímenes de promoción que exijan niveles mínimos de compras locales, transferencia tecnológica y cronogramas de inversión ligados a creación neta de empleo formal. También proponemos cláusulas de cláusulas anti-remesas tempranas y límites temporales a ciertos beneficios si no se cumplen metas de integración local. Es más caro para el Estado resignar recaudación sin derrame productivo; hay que orientar incentivos para que los dólares entren y queden.
En conclusión, el debate no es entre atraer o no atraer inversión: es cómo atraerla. Con las cifras actuales —USD 1.837 millones de renuncia fiscal estimada, compromisos por casi USD 95.000 millones según Paspartú y la pérdida de empleo formal en sectores claves según Misión Productiva— resulta imperativo reconfigurar el régimen para que no financie la expansión de beneficios a inversiones que se realizarían de todos modos ni sea la excusa para transferir renta al capital sin integrarla a la industria nacional.
