El gasto en subsidios energéticos se duplicó en el primer cuatrimestre de 2026 y alcanzó u$s1.240 millones, de acuerdo con el relevamiento de la consultora Economía y Energía en base a datos de ASAP y Presupuesto Abierto. Este salto se produjo pese a la reforma del régimen de subsidios (Decreto 943/2025) que prometía focalizar el auxilio. El dato resume una contradicción: ajuste normativo por un lado, y mayor necesidad de transfusiones fiscales por el otro.
¿Qué pasó con los subsidios en números?
En términos estrictos, el cuatrimestre 2026 mostró u$s1.240 millones en transferencias corrientes al sector energético, frente a u$s604 millones en enero-abril de 2025 — un incremento interanual de 105% — según la consultora Economía y Energía (ASAP/Presupuesto Abierto). Si lo ponemos en perspectiva histórica, 2019 registró u$s1.047 millones; 2021 llegó a u$s1.636 millones y 2022 a un pico de u$s3.845 millones, antes de la caída a u$s604 millones en 2025 y el repunte actual (fuente: Economía y Energía). El registro puntual de abril 2026 fue de u$s262 millones, lo que confirma que el piso de gasto ya no es tan bajo como el del arranque de 2025 (Economía y Energía).
Estos números muestran que la variable no es solo voluntad política de ajuste: la trayectoria está atada a factores externos y a la estructura de costos del sistema, muchos de ellos dolarizados.
¿Por qué subieron pese al ajuste? Los factores estructurales
El principal motor del aumento fueron las necesidades financieras de CAMMESA, que concentró el 74% de las transferencias del cuatrimestre: u$s913 millones, según la consultora en base a ASAP y Presupuesto Abierto. ENARSA fue el segundo receptor con u$s196 millones (16%), mientras que el Plan Gas representó apenas u$s17 millones (1%) — mismo relevamiento. Ese grado de concentración revela que la mayor parte del esfuerzo fiscal fue a sostener la operatoria del mercado eléctrico mayorista, no a subsidios residenciales dispersos.
Además, la reforma hacia un régimen único de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) reconfigura la ayuda hacia hogares con ingresos por debajo de tres Canastas Básicas Totales del INDEC y aplica bonificaciones del 50% sujetas a bloques de consumo. Sin embargo, los costos de generación y los contratos dolarizados empujan arriba la necesidad de transferencias, aun cuando se reduzca la base de beneficiarios.
¿Cómo impacta esto en hogares y en la producción?
Para los hogares, el nuevo esquema promete bonificaciones fijas pero restringidas: hasta 300 kWh por mes en picos estacionales y 150 kWh en meses templados; el exceso paga precio pleno sin compensación estatal (Decreto 943/2025, según el texto oficial y el análisis de Economía y Energía). En la práctica, esto puede derivar en facturas mucho más altas para familias que superen esos umbrales, especialmente hogares con calefacción eléctrica o con pérdida de eficiencia térmica.
Para la industria y el comercio, la persistencia de transferencias hacia CAMMESA revela el costo fiscal de sostener precios por debajo del valor económico del servicio. Subir tarifas sin medidas de compensación productiva golpea la competitividad y el empleo. Desde nuestra mirada, un encarecimiento energético sin políticas activas de sostén productivo y de impulso a eficiencia terminará trasladando costos a salarios y empleo, reduciendo demanda agregada.
Qué alternativas proponemos para financiar la estabilización sin ajustar jubilaciones
Rechazamos financiar la estabilización con recortes a jubilaciones o salarios. Proponemos medidas que mejoren la focalización y reduzcan fugas: reempadronamiento riguroso de beneficiarios (como el que promovemos también para SUBE) para asegurar que los subsidios residenciales lleguen solo a quienes cumplen los criterios del ReSEF. Además, proponemos un uso focalizado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para líneas de crédito que financien eficiencia energética en barrios populares y microcréditos para pymes que sustituyan costos energéticos, preservando empleo y consumo.
En paralelo, es imprescindible una reforma de CAMMESA orientada a transparencia de contratos y a mecanismos que interioricen costos de operación sin trasladarlos puramente al Tesoro. Dado que CAMMESA absorbió u$s913 millones en el cuatrimestre (Economía y Energía), una reestructuración financiera y operativa de esa empresa es un punto natural de intervención. Estas medidas priorizan la protección social y la productividad sobre ajustes que licuen ingresos fijos.
La discusión no es solo técnica: es política y distributiva. Sostener la estabilidad fiscal a costa de los ingresos de jubilados o trabajadores es una decisión que redistribuye hacia los acreedores y contra la demanda interna. Vemos necesario cambiar esa regla del juego: focalizar, transparentar, y usar recursos públicos para impulsar empleo y eficiencia, no para recortar derechos.
