El Frente de Sindicatos Unidos presentó el 16 de mayo un pedido para fijar el Salario Mínimo, Vital y Móvil en $2.879.877, equivalente a ocho veces el salario mínimo actual según la crónica de iProfesional. Este monto, que los gremios calculan como necesario para cumplir con el artículo 14 bis de la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo, llega acompañado de un diagnóstico sobre la pérdida de ingreso real y el endeudamiento de las familias.
¿Qué pide el Frente de Sindicatos Unidos?
Vemos un reclamo explícito sobre la cuantía de una canasta mínima: 2.879.877 pesos es la cifra que el FreSU difundió en su tercer informe mensual presentado en Mendoza; la fuente del dato es iProfesional (16/05/2026). El informe desagrega la canasta: alimentación adecuada $648.271; transporte, esparcimiento y vacaciones $597.209; vivienda digna $568.227; salud $349.332; previsión social $316.786; educación $252.457; vestimenta $147.595 (iProfesional). Los sindicatos acompañan el pedido con estimaciones sobre la caída del poder adquisitivo: acusan una pérdida del 40% del SMVM desde la asunción de Javier Milei y una caída del 65% respecto del máximo de 2013, datos consignados por el mismo informe publicado por iProfesional.
¿Cómo impacta esto en los trabajadores y el mercado argentino?
Vemos tres impactos directos: primero, un reconocimiento público de la existencia de trabajadores pobres aun con empleo; el titular de la UOM citó “millones de trabajadores” en esa condición (iProfesional). Segundo, los sindicatos calculan una pérdida acumulada de ingresos de 62 billones de pesos desde la devaluación de ingresos que denuncian, y pérdidas promedio por trabajador: $2.321.245 en el sector privado y $12.788.939 en el público, cifras del informe referido por iProfesional. Tercero, el reclamo tensiona la negociación colectiva y la política salarial: un aumento tan abrupto reconfiguraría costos laborales, demanda agregada y presión inflacionaria, pero también apuntalaría consumo. No hay una solución que sea solo técnica; hay que ponderar salarios, empleo y capacidad productiva.
¿Es viable fijar el SMVM en 2,8 millones hoy?
Vemos que la viabilidad depende de la política fiscal, la dinámica inflacionaria y la negociación social. El propio FreSU afirma que en los primeros cuatro meses del año la inflación acumulada superó la proyección presupuestaria del gobierno para 2026 (según su informe citado por iProfesional), lo que complica tanto a hogares como a empleadores. Un aumento inmediato del SMVM a ese nivel generaría efectos de traspaso de precios y de ajuste en pequeñas empresas con márgenes reducidos. Pero también hay límites sociales: mantener salarios reales deprimidos erosiona la demanda interna y puede profundizar la recesión del empleo. Por eso la discusión no es solo aritmética, sino de prioridades redistributivas y fases de implementación.
¿Qué alternativas proponemos para no financiar la estabilización con recortes?
Rechazamos financiar la estabilización con recortes a jubilaciones o salarios. Proponemos medidas que prioricen proteger el salario real y el empleo: reempadronamiento de prestaciones y programas sociales para liberar gasto mal asignado; uso focalizado y temporal del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para sostener programas de empleo y subsidios a pymes en sectores intensivos en mano de obra; y negociación tripartita que combine aumentos graduales, cláusulas de revisión y estímulos a la productividad. Estas ideas retoman nuestras posiciones previas: evitar recortes que destruyan consumo y empleo y usar herramientas públicas para apuntalar la demanda.
¿Qué queda por negociar y qué riesgos evitar?
Vemos tres riesgos centrales: la indexación desordenada que amplifique la inflación, la caída de empleo por salarios que las pequeñas empresas no puedan absorber, y la fuga de recursos si no hay controles de capital razonables. Al mismo tiempo, no podemos naturalizar la pérdida del poder adquisitivo señalada por el FreSU: 40% desde la asunción y 65% respecto de 2013 son referencias que requieren una respuesta. La negociación debe equilibrar protección social y sostenibilidad macroeconómica: aumentos con revisión, apoyos selectivos a pymes y medidas fiscales redistributivas que no pasen la carga a salarios y jubilaciones.
Fuentes: informe del Frente de Sindicatos Unidos citado por iProfesional, 16/05/2026.