Se trata de un proyecto de ley que reordena y recorta derechos en el régimen de pensiones por invalidez: alcanza a 1.148.484 personas que cobran una pensión no contributiva por invalidez, según datos oficiales citados por PERFIL. El texto modifica la Ley de Emergencia en discapacidad, elimina cláusulas de financiación y actualizaciones, y establece auditorías que permiten suspensiones preventivas y reempadronamiento masivo.
¿Qué cambia en la ley y a quiénes alcanza?
El proyecto restringe el alcance de la pensión por protección social al convertirla en una prestación exclusiva para casos de invalidez laboral y elimina la actualización automática vinculada al haber mínimo. En abril la pensión no contributiva era de 266.000 pesos, más un bono de 70.000 pesos, según PERFIL. También se suprime la obligación explícita de pagar los montos adeudados a prestadores y se quitan incentivos a empresas para promover inclusión laboral. Estas modificaciones no solo reducen derechos, sino que cambian las reglas de financiamiento: el Ejecutivo solo garantizaría la atención cuando sea competencia del Estado nacional, según el texto informado por PERFIL. Vemos que dejar sin piso de financiamiento a prestaciones y prestadores implica un riesgo inmediato de cierre de servicios.
¿Cómo impacta esto en las personas y en la red de servicios?
La tensión fiscal y administrativa ya está presente: según PERFIL, el Ministerio de Salud ejecutó solo el 6% de los recursos previstos para la atencion medica a beneficiarios a abril de este año. A su vez, ACIJ documentó gastos por 23.000 millones de pesos en el envío de cartas documento para auditorías entre enero y octubre de 2025, con un 50% de notificaciones que no llegaron a destino, según el mismo informe. Muchas instituciones denuncian atrasos de pagos desde noviembre de 2025; prestadores trabajan al borde del cierre, según referentes del sector citados por PERFIL. Además, el proyecto hace incompatible la pensión con cualquier vínculo de empleo formal, cuando la OIT estima que cerca del 80% de las personas con discapacidad está fuera del mercado laboral. En la práctica, esta incompatibilidad castiga la tentativa de inserción laboral y desincentiva empleos formales.
¿Es esto realmente una cruzada contra el fraude o un ajuste encubierto?
Auditar es razonable; criminalizar masivamente no lo es. El proyecto mezcla controles con medidas punitivas: suspensiones preventivas sin debida transparencia y reempadronamientos masivos que, como mostró ACIJ, costaron 23.000 millones en notificaciones fallidas. Vemos que el volumen de pensiones creció respecto al esquema anterior de ‘alta por baja’, pero que solo el 20% de las personas con discapacidad cobra una pensión, según datos oficiales citados por PERFIL; eso sugiere que la problemática real es el acceso insuficiente, no un fraude masivo. Si la meta es ahorrar, las señales indican que el costo social será alto y el ahorro fiscal acotado; recortar actualizaciones y fondos impacta en salud, rehabilitación y empleabilidad. Esto se parece más a un ajuste disfrazado de moralidad que a una política de integridad.
Qué proponemos: controles con derechos y financiamiento garantizado
Apoyamos auditorías claras, periódicas y con criterios sanitarios, pero rechazamos medidas que recorten prestaciones o financiamiento. Proponemos cuatro ejes: 1) reempadronamientos con notificación fehaciente y recurso efectivo; 2) auditorías basadas en criterios de salud auditables y revisables por instancias independientes; 3) garantizar la actualización de la prestación ligada al haber jubilatorio y cubrir los montos adeudados a prestadores para evitar cierres; 4) compatibilizar la pensión con inserción laboral apoyada, evitando que la persona elija entre subsistir o trabajar. Estas propuestas siguen nuestra posición previa de no recortar jubilaciones ni transferencias sociales; exigimos transparencia en gastos y prioridad en la protección social antes que en el ajuste.
