Arranque con el dato duro

El último dato disponible muestra un IPC de enero de 2026 de 2,9% (INDEC). Frente a ese registro, el Presupuesto 2026 —que fija una inflación anual de 10%— requiere que en los 11 meses restantes el índice promedie apenas 0,61% mensual para no incumplir la ley (Presupuesto 2026, Ministerio de Economía). Esa exigencia es, por ahora, incompatible con la dinámica de arranque del año.

Contexto inmediato

El número de enero no solo fue el mensual más alto desde marzo de 2025, sino que supera el 2,2% observado en enero de 2025 (INDEC), lo que confirma una aceleración interanual reciente. Además, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA de enero proyecta tasas mensuales de 2,1% para febrero, 2,2% para marzo, 1,9% para abril y 1,7% para mayo (REM, BCRA, enero 2026). Con esa trayectoria, los analistas estiman que la inflación acumulada a mayo alcanzaría alrededor de 11,2%, por encima del 10% previsto en el Presupuesto (Análisis de mercado; Suramericana Visión).

Detrás de escena: por qué ocurrió y por qué importa

Vemos tres factores que explican la divergencia entre la ley y la realidad. Primero, la inercia de precios y ajustes rezagados tras 2025, año que cerró con 31,5% frente a la previsión de 24,5% del Presupuesto anterior (INDEC; Presupuesto 2025). Segundo, expectativas que siguen ancladas en niveles superiores a lo que el Gobierno planea, como lo muestra la brecha entre el indicador efectivo del INDEC y el pronóstico del REM en enero (Vectores; Haroldo Montagú). Tercero, la estrategia deliberada que parece privilegiar una acumulación de reservas para enfrentar vencimientos de 2027 en lugar de una desinflación rápida (comunicaciones oficiales; consultoras de mercado).

Es clave entender el trade-off: desaceleración rápida de precios (y costo en crecimiento y reservas) versus una senda de desinflación más lenta combinada con un mayor ritmo de acumulación de reservas. La elección del Gobierno de tolerar una desaceleración menos agresiva para engrosar reservas tiene sentido frente a un calendario externo exigente, pero solo si se respetan límites institucionales que impidan trasformar esa prioridad en financiamiento encubierto del Tesoro por parte del BCRA.

Implicancias prácticas para los ciudadanos y los mercados

Para quienes tienen plazos fijos o salarios, significa que la pérdida de poder adquisitivo puede continuar si la inflación mensual se mantiene por encima del 1,5-2% en los próximos meses (REM; INDEC). Para los que quieren comprar dólares, la señal es ambigua: la acumulación de reservas puede reducir presión cambiaria, pero la incertidumbre sobre la veracidad de las cifras y la posibilidad de controles mantiene el riesgo de brechas y fricción en el mercado cambiario.

Desde la mirada de los inversores, una inflación que incumple el Presupuesto deteriora la credibilidad fiscal y encarece el acceso a mercados; los agentes institucionales miran tipo de cambio, reservas y la independencia del BCRA como termómetros de riesgo país. Si el BCRA actúa como prestatario del último recurso del Tesoro, la reacción del mercado será negativa (historia argentina lo indica).

Perspectiva y recomendaciones

Vemos necesario —y coherente con posiciones previas— mantener la prioridad en la acumulación de reservas siempre que esa política vaya acompañada de señales institucionales claras. Recomendamos tres reglas prácticas: 1) transparencia completa sobre objetivos de reservas y operaciones del BCRA (reportes públicos y auditorías); 2) límites legales o contractuales que impidan transferencias automáticas del BCRA al Tesoro; y 3) un plan fiscal creíble que muestre recortes o reordenamiento del gasto para que la desinflación no dependa exclusivamente de frenar la demanda mediante recesión.

Si el Gobierno persiste en una estrategia que prioriza reservas sobre desinflación rápida, debe explicitar la compensación social y temporaria que eso implica. La alternativa —forzar una caída más rápida de la inflación sin apoyar reservas— podría abrir la puerta a tensiones en el mercado cambiario y aumentar el riesgo de default. Por eso, y coherentes con lo ya manifestado, vemos al tipo de cambio como termómetro y respaldamos que el BCRA acumule reservas sin convertirse en financiamiento encubierto del Tesoro.

Conclusión

Al ritmo actual y con las proyecciones del REM, el objetivo de 10% del Presupuesto corre un riesgo real. La política que elija el Gobierno entre acelerar la desinflación o preservar reservas para 2027 determinará no solo el cumplimiento de la ley de leyes, sino también la confianza de los mercados y la sostenibilidad fiscal. La diferencia entre ambos caminos no es técnica solamente: es institucional y política.