Las calificadoras mantienen la nota de la Argentina porque quieren ver un colchón de liquidez real, no solo compras temporales: el riesgo país sigue por encima de 600 puntos y las agencias piden más holgura para enfrentar un shock, según Ámbito.

¿Por qué las calificadoras todavía no mejoran la nota?

Vemos que la lectura de Fitch —a través de Todd Martinez, citado por Ámbito— no se limita a una proyección ‘base’, sino a la capacidad de pago fuera del escenario esperado. Martinez explicó que la agencia subió la nota el año pasado porque aumentó la confianza en la acumulación de reservas, pero ahora exige que, incluso pagando deuda, quede un colchón para shocks inesperados (según Ámbito). El mercado percibe que, con el riesgo país por encima de 600 puntos, la resiliencia es insuficiente para recortar la prima de riesgo hacia los 400 puntos que hoy identifican a emergentes de alto riesgo (según Ámbito).

Esto importa porque las calificadoras penalizan la estructura de financiamiento y la liquidez, no solo el cumplimiento nominal. Si las compras del BCRA se interpretan como recursos transitorios ligados a la cosecha o a un flujo estacional, la mejora de rating no llega. En ese marco, la sugerencia de Martinez de elevar el objetivo de compras por encima de los u$s10.000 anunciados al inicio del año constituye una exigencia explícita hacia la gestión de reservas (según Ámbito).

¿Qué implican las “fuentes alternativas” que propone el Gobierno?

El ministro Luis Caputo dijo tener identificadas fuentes alternativas por u$s9.000 para cubrir vencimientos próximos (según Ámbito). Esa cifra cubre parte del calendario, pero no el total: los vencimientos suman u$s35.000 hasta 2027, según el mismo artículo. La diferencia se resolvería con rollovers en mercados, préstamos de organismos o negociaciones con el FMI, y con préstamos bilaterales con carácter de “créditos privilegiados”.

Aquí está la trampa de expectativas: los créditos privilegiados cobran antes que otros acreedores, lo que reduce la profundidad del mercado local para inversores privados y complica la reducción del riesgo-país. Daniel Marx y otros analistas subrayan que asumir un flujo permanente de ‘fuentes extraordinarias’ como financiamiento regular es anómalo y vulnera la percepción de sostenibilidad (según Ámbito).

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

La reacción del mercado incorpora no solo cifras nominales, sino la composición del pasivo y la liquidez inmediata. Miguel Kiguel recordó que la deuda sobre PBI ronda el 40% (según Ámbito) y que el talón de Aquiles es la concentración de deuda en dólares frente a pasivos en pesos. Esa estructura aumenta la sensibilidad del país frente a una corrida cambiaria o a un shock externo.

Además, hay costo: si Argentina recurriera al mercado para parte del stock, las tasas podrían ser del orden del 9% anual que hoy se discute como referencia para emisiones, según la cobertura de mercado (según Ámbito). Con un riesgo-país en la banda de 600 puntos, esos costos y la limitada reserva neta son el combo que explica por qué las agencias no se apresuran a mejorar la nota.

Qué debería hacer el Gobierno para convencer a las agencias

Primero, transparencia: las compras de reservas deben reportarse con detalle y con separación operativa entre BCRA y Tesorería. Nosotros respaldamos la acumulación solo si es transparente y no constituye financiamiento encubierto del Tesoro (posicionamiento previo). Segundo, aumentar el colchón: los calificadores han pedido explícitamente un colchón superior al anunciado; Martínez mencionó que comprar por encima de los u$s10.000 iniciales daría más confianza (según Ámbito).

Tercero, mejorar la estructura de deuda: reducir la porción de pasivos en dólares en el mediano plazo y evitar depender sistemáticamente de créditos privilegiados como fuente recurrente. Cuarto, mostrar planes creíbles de acceso a mercado y negociaciones con organismos —incluido el FMI— que faciliten rollovers sin crear subordinación implícita. Sin estas señales, la mejora de rating seguirá siendo esquiva, pese al cumplimiento formal de pagos que el Gobierno exhibe (según Ámbito).