La nota trata de una caída de recursos fiscales que obliga a revisar el gasto: “los ingresos de ARCA bajaron 4,4% en marzo y 7,4% en el trimestre interanual”, según el informe de la consultora Quantum citado por Ámbito, y esa pérdida se vincula directamente con las reducciones impositivas instrumentadas en 2025.

¿Qué impuestos se redujeron y cuánto pesan en la caja?

En 2025 el Ejecutivo impulsó una batería de recortes que, según el reporte de Quantum (vía Ámbito), abarcaron retenciones agropecuarias, aranceles e impuestos a bienes y a empresas. Entre los cambios permanentes, la alícuota sobre el poroto de soja pasó del 26% al 24%; subproductos de soja del 24,5% al 22,5%; trigo y cebada del 9,5% al 7,5%; maíz y sorgo del 9,5% al 8,5%; y girasol del 5,5% al 4,5%. Hubo además bajas transitorias previas (enero-junio 2025) y eliminación temporal de retenciones para economías regionales. En julio se anunciaron cortes en carnes del 6,75% al 5%. En comercio exterior, aranceles para celulares cayeron del 16% al 8% y los Impuestos Internos sobre televisores, aires y celulares bajaron del 19% al 9,5% para importados. En el impuesto a las ganancias empresarias, los tramos intermedios pasaron del 30% al 27% y del 35% al 31,5%; Bienes Personales redujo tasas máximas a 0,75% y actualizó exenciones. Estas cifras muestran que la política fue amplia y afectó fuentes de ingresos estructurales.

¿Por qué el crecimiento no compensó la baja de impuestos?

Vemos que la explicación no es sólo aritmética: Quantum vincula la caída de ingresos con la composición sectorial del crecimiento. La actividad que mostró dinamismo se concentró en agro, petróleo y gas, minería y servicios financieros —sectores que, por distintos motivos, no compensan la pérdida de base impositiva generada por las rebajas—, mientras que comercio e industria registraron caídas. El informe también señala un aumento de la informalidad en ramas expuestas a la competencia externa. Además, muchas reducciones fueron permanentes desde diciembre de 2025, pero la recuperación distributiva y sectorial que esperaba el Gobierno no se materializó en los plazos previstos. El dato fiscal obliga: el Tesoro debe alcanzar el superávit primario del 2,2% del PBI (base caja) acordado con el FMI, según el propio informe citado por Ámbito, y esa meta convierte la pérdida de recaudación en un problema de cumplimiento contractual.

¿Qué ajustará el gasto y qué alternativas existen?

El informe advierte que la revisión del gasto se concentrará en partidas que no se ajustan automáticamente: reducción de transferencias y postergación de pagos de obligaciones. Eso tiene un efecto directo sobre demanda y empleo, porque las transferencias sociales y el gasto en obra pública suelen sostener consumo y cadenas productivas locales. Desde nuestra perspectiva, apoyar alivios fiscales es válido si están focalizados en proteger empleo y consumo; lo que rechazamos es financiar la consolidación fiscal con recortes a jubilaciones o salarios. Hay alternativas: reorientar la composición de la baja impositiva —volver sobre reducciones regresivas o que favorecen patrimonios altos—, reinstaurar tramos temporales más progresivos, y diseñar compensaciones por el lado del gasto que prioricen inversión productiva y protección social. Además, la política cambiaria y controles sobre fuga de capitales, que reduce la eficacia de cualquier recomposición fiscal, deben considerarse en el paquete. En síntesis, la lección es clara: la baja de impuestos sin ancla en un crecimiento amplio y en medidas compensatorias redistributivas puede terminar deteriorando empleo y demanda, obligando luego a ajustes que lastiman a los más vulnerables.