Con cada aumento de la carne y cada boleta de servicios más cara, una familia urbana ve comprimido su salario real y se reduce la capacidad de consumo que sostiene el empleo en el comercio y la industria. Según los relevamientos citados por iProfesional, Analytica midió en la segunda semana de febrero un aumento de precios alimentarios de 1,3% (variación semanal) y promedia 2,7% en las últimas cuatro semanas; su pronóstico es que el IPC de febrero marcaría 2,8% (mensual, según Analytica, 17/2/2026). En el caso de LCG, la segunda semana mostró un 1,0% en alimentos tras un 2,5% la semana anterior (relevamientos citados por iProfesional).

Lo que dicen los números y qué comparaciones importan

Observamos una tendencia clara desde septiembre: los alimentos aumentan por encima del promedio del IPC. El reporte recoge variaciones mensuales en alimentos de septiembre a enero de 1,9%, 2,3%, 2,8%, 3,1% y 4,7% (enero, mensual), lo que crea arrastre estadístico para febrero (iProfesional, consultoras citadas). Esta dinámica contradice la expectativa estacional de moderación luego de diciembre y explica por qué el ministro optó por mantener la canasta vigente en lugar de la que proponía Marcos Lavagna.

El debate del IPC no es técnico sólo: es distributivo

La disputa sobre la canasta tiene ganadores y perdedores. La ponderación vigente asigna al rubro alimentos 26,9% del presupuesto familiar frente al 22,7% que proponía la nueva canasta; en vivienda, electricidad y gas la propuesta subía del 9,4% al 14,5% (iProfesional). Mantener la canasta antigua tiende a mostrar una inflación menor cuando los servicios suben fuerte; actualizarla habría reflejado enseguida el impacto de las tarifas. Pero hoy son los alimentos —con alta ponderación en los hogares de menores ingresos— los que más castigan el poder de compra.

La carne: oferta, precios y comercio exterior

La presión sobre la carne tiene causas estructurales. El consumo per cápita efectivo es de 49,9 kg anuales, 35% por debajo de los 63,9 kg de 2004, pero la canasta del Indec sigue con ponderaciones antiguas (iProfesional). El rodeo vacuno registró alrededor de 51 millones de cabezas versus 54 millones en 2022; por ciclos biológicos, la recomposición puede tardar al menos cuatro años (iProfesional). En el Mercado de Cañuelas el novillito cotiza cerca de $5.000 por kilo vivo, un 42% por encima de octubre y 25% más que en diciembre (iProfesional), lo que anticipa precios altos en la carne al menos durante el próximo par de años. Además, la apertura de cuotas externas —100.000 toneladas exentas a EE.UU. y exportaciones proyectadas de ~810.000 toneladas— limita la oferta interna y empuja precios hacia el exterior (iProfesional).

Tarifas, subsidios y la cuenta fiscal que recae en hogares

Caputo acertó al identificar que el “cambio de precios relativos” no está completado: los recortes de subsidios ya impactan facturas. El rubro subsidios aún representa cerca del 6% del gasto presupuestario (iProfesional) y la recaudación mostró en enero la sexta caída consecutiva medida en variación interanual real, según ARCA (citado por iProfesional). Traducido: hay menos margen fiscal, lo que empuja a desplazar costos hacia tarifas y, por ende, a subir precios regulados. Ese traslado golpea con más fuerza a los hogares con ingresos fijos y erosiona salarios reales.

Qué implica para salarios, empleo y política económica

Vemos que la combinación alimentos- tarifas es un doble golpe sobre la demanda interna. Desde nuestra perspectiva, salarizar la recuperación —es decir, consolidar aumentos básicos y evitar que las sumas temporales sustituyan aumentos estructurales— es clave para sostener consumo y empleo. Reducciones de subsidios no acompañadas de protección focalizada y de ingresos reales fuertes pueden profundizar la caída del consumo, aumentar despidos en sectores ligados al mercado interno y agravar la desigualdad.

Recomendaciones y cierre

Para moderar la inflación sin sacrificar demanda proponemos: 1) modular los recortes de subsidios con compensaciones focalizadas para los hogares vulnerables; 2) usar la política comercial de manera selectiva para contener precios relevantes (por ejemplo, importaciones temporales de cortes o complementos desde Brasil/Uruguay, con control sanitario y protección de la producción local); 3) priorizar acuerdos salariales que consoliden ingresos básicos en lugar de alivios transitorios. Caputo puede ganar en claridad técnica evitando manipulaciones estadístiques, pero la política debe preservar el ingreso y el empleo: la competitividad auténtica se construye con productividad, no con salarios licuados.