La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó un esquema de aumentos en cuatro tramos y dispuso la incorporación parcial de un bono al salario básico de las empleadas domésticas, por lo que las liquidaciones de junio llegarán con esos cambios vigentes (según la Resolución General 5850/2026 publicada en el Boletín Oficial y el informe de News del 24/05/2026).

¿De qué se trata el acuerdo?

La CNTCP acordó subas mensuales: 1,8% por abril, 1,6% por mayo, 1,5% por junio y 1,4% por julio; esos porcentajes son sobre las escalas vigentes y fueron informados en la resolución publicada en el Boletín Oficial (Resolución General 5850/2026) y reportados por News. Además, se incorporará al salario básico el 50% de la suma no remunerativa otorgada en marzo: $10.000 pasan a formar parte del básico en abril y los $10.000 restantes se integran definitivamente en julio; mientras tanto deben seguir pagándose como suma no remunerativa hasta su absorción. La norma también obliga a que los recibos se generen digitalmente a través del Registro Especial de la Agencia ARCA (clave fiscal), una medida de modernización administrativa señalada en la misma resolución.

¿Cómo impacta esto en los recibos y en el aguinaldo?

La inclusión parcial del bono y los tramos de aumento cambian directamente la base sobre la que se calcula el medio aguinaldo. La legislación exige que la primera cuota del SAC se pague hasta el 30 de junio, con un plazo legal de hasta cuatro días hábiles adicionales (es decir, hasta el 6 de julio) — según la regla laboral citada en la nota. News publica ejemplos: para tareas generales con retiro la escala arroja un salario de $435.201 y un aguinaldo de $217.600; sin retiro, el salario sería $481.109 y el aguinaldo $240.554 (según la nota del 24/05/2026). La integración de $10.000 al básico representa aproximadamente 2,3% del salario con retiro ($10.000 sobre $435.201) y cerca de 2,1% en el ejemplo sin retiro, un traslado modesto pero relevante porque eleva la base de cálculo para aportes y jubilación.

¿Cómo impacta esto en el mercado laboral y en los hogares?

Vemos dos efectos claros. Por un lado, mejorar la remuneración formal y convertir remuneraciones no sujetas a aportes en salario contribuye a la protección social de las trabajadoras y aumenta ingreso disponible en sectores de alta propensión al consumo. Por otro lado, los empleadores domésticos —en su mayoría hogares familiares— afrontan mayores costos inmediatos. Si el salario mínimo de una categoría sube en los tramos pactados y se incorpora parte del bono, el costo laboral crece mes a mes según la pauta de la CNTCP (Resolución General 5850/2026). No hay datos oficiales en la nota sobre cuántos empleadores podrían regularizar o abandonar contratos; sin embargo, la política pública debe anticipar mecanismos para evitar desempleo o informalidad inducida por el aumento de costos.

Qué pedimos y qué falta hacer

Apoyamos que las trabajadoras domésticas mejoren su salario y su protección previsional; al mismo tiempo rechazamos financiar la estabilización macroeconómica con recortes a jubilaciones o salarios. Proponemos medidas complementarias: reempadronamiento de beneficiarios de subsidios de transporte (SUBE) para focalizar apoyos y uso dirigido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para subsidiar temporariamente la formalización y evitar despidos en sectores domiciliarios y de cuidados. Estas propuestas buscan conciliar la recomposición salarial con la preservación del empleo y el consumo. Finalmente, no debemos perder de vista la dimensión de género: el servicio doméstico es un espacio de empleo mayoritariamente femenino, por lo que las mejoras salariales y la formalización son también políticas de equidad de género.

En síntesis, el acuerdo incorpora aumentos y parte de un bono al básico (Resolución General 5850/2026; News 24/05/2026) y alivia en parte la precariedad, pero su eficacia dependerá de medidas públicas para proteger empleo y formalidad sin recortar otras fuentes de ingreso social.