La discusión interna que revela la administración sobre inflación y reactivación no es abstracta: se decide si priorizar una baja acelerada de precios o proteger actividad y empleo. El gobierno rechazó la estrategia gradualista propuesta por asesores como Ernesto Talvi y figuras históricas como Domingo Cavallo, apostando a una contención rápida de la inflación pese al costo en demanda (iProfesional, 3/4/2026).
¿Qué está en discusión?
Vemos dos lógicas enfrentadas: una que prioriza la estabilidad de precios a cualquier costo y otra que acepta una senda más lenta de desinflación para no desencadenar una caída fuerte de la actividad. En favor del primer enfoque está la preocupación por mostrar reservas y bajar el riesgo país; Cavallo recomendó aprovechar el ingreso de divisas para que el BCRA acumule reservas sin temer “inestabilidades de corto plazo” (iProfesional, 3/4/2026). En la práctica, el gobierno ya aplicó ajustes: la masa salarial del personal estatal fue recortada 9,4% en términos reales en 2025, según el mismo informe, y el Tesoro absorbió $3 billones en la última licitación para renovar y absorber excedentes (iProfesional, 3/4/2026). Ese paquete de medidas es coherente con una prioridad por bajar inflación rápido, pero tiene un efecto claro sobre la demanda interna.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
La contención monetaria estricta y la reducción del gasto público reducen liquidez y presionan la demanda de bienes y servicios. Observamos señales de esa pérdida de demanda: iProfesional reporta que la mitad de la base monetaria se pasó a dólares en la previa electoral, un retiro masivo de pesos que complica cualquier intento de relajar la política monetaria sin sentir presión sobre el tipo de cambio (iProfesional, 3/4/2026). Además, ARCA registra ocho meses consecutivos de caída en ingresos, lo que muestra que la recaudación no está respondiendo aún al llamado ‘efecto Laffer’ pese al alivio impositivo equivalente a 2,5% del PBI que el gobierno afirma haber implementado (iProfesional, 3/4/2026). El combo de menor poder de compra —por recortes salariales reales— y ausencia de repunte recaudatorio limita el espacio para una política de crédito más expansiva sin costos inflacionarios.
¿Qué alternativa productiva y social proponemos?
No se trata de elegir entre inflación y desempleo como un dilema sin salida. Desde nuestra perspectiva, la prioridad debe ser proteger empleo y consumo mientras se avanza en una consolidación fiscal con progresividad y transparencia. Rechazamos que la consolidación se financie con recortes previsionales o salariales: recortar la masa salarial real en 9,4% (iProfesional, 3/4/2026) es recortar demanda. Proponemos combinar medidas de liquidez dirigida (créditos subsidiados a pymes y líneas para inversión productiva) con controles temporales y focalizados sobre flujos financieros que reduzcan la dolarización de carteras (ante la retirada del 50% de la base monetaria a dólares, iProfesional, 3/4/2026). Eso exige condicionalidad: acceso al crédito ligado a inversiones y mantenimiento de empleo, plus supervisión de precios de insumos claves. La llamada ‘paciencia estratégica’ de Talvi apunta a esto: bajar tasas con cuidado y priorizar actividad —pero con anclas institucionales para evitar oligopolios o transferencia de renta al capital financiero.
Para cerrar, insistimos en una regla: el salario no es solo un costo, es demanda. Una política que aspire a estabilidad fiscal y monetaria debe preservar empleo y jubilaciones y ser explícita sobre quiénes contribuyen a la consolidación. Apoyamos medidas que protejan consumo y empleo; rechazamos financiar la consolidación fiscal con recortes previsionales o salariales y exigimos que cualquier ajuste vaya acompañado de transparencia, progresividad y políticas productivas que sostengan la actividad a medio plazo.
