El presidente celebró una desaceleración de precios pero advirtió que todavía falta una “gran corrección” de tarifas y precios regulados; según declaraciones recogidas por iProfesional, el índice mayorista está por debajo del 1% mensual (niveles cercanos al 12-13% anual) y el estimador mensual de actividad mostró un crecimiento interanual de 6,6% en diciembre de 2024. Esta nota analiza qué hay detrás de esas cifras y qué tipo de corrección sería compatible con proteger el empleo y el consumo.
¿Qué dijo exactamente y qué datos respaldan esas afirmaciones?
Milei sostuvo que la desinflación está en marcha y puso como ejemplo el “índice mayorista por debajo del 1% mensual” (≈12-13% anual), dato que fue citado por iProfesional en su entrevista con El Debate. El Presidente también afirmó que el ajuste fiscal fue drástico: “en seis meses terminamos con el déficit”, con una reducción de gasto público del 30% en términos reales y un recorte equivalente a 15 puntos del PBI, según la misma nota. Además señaló que la economía cayó menos de lo proyectado: la contracción fue 1,8% frente a una previsión de -3,5% del PBI, y que la economía mostró señales de recuperación (estimador mensual +6,6% interanual en diciembre 2024, según iProfesional). Estos números ayudan a entender el relato oficial, pero son declaraciones presidenciales y requieren verificación contable y cronología precisa de las medidas.
¿Cómo impactaría una “gran corrección” de precios regulados sobre consumo y empleo?
Corregir tarifas puede mejorar señales de precios y reasignar recursos, pero no es neutral en distribución ni en demanda agregada. Si se trasladan aumentos de tarifas a los hogares de forma indiscriminada, reducimos ingreso real de familias y presionamos el consumo. Desde nuestra perspectiva, el salario no es solo costo: es demanda. El Gobierno afirma haber recortado gasto real 30% y haber eliminado el déficit en seis meses (iProfesional). Pero la pregunta es quién absorbió ese ajuste. Si la corrección de tarifas se financia con recortes a jubilaciones o salarios, el efecto neto sobre demanda y sobre la dinámica del empleo será negativo. Proponemos fases de ajuste, focalización de subsidios y compensaciones temporales para hogares vulnerables durante la transición.
¿Es la desinflación sostenible sin políticas productivas y controles cambiarios?
La caída de la inflación mayorista no garantiza estabilidad duradera si no hay anclajes productivos. Milei mencionó tensiones externas como el petróleo y obligaciones con importadores por unos USD 50.000 millones que complicaban la situación heredada (declaraciones citadas por iProfesional). También señaló reservas negativas al inicio del gobierno; esos elementos muestran que el tipo de cambio y las cuentas externas siguen siendo vulnerabilidades. Sin una estrategia que aumente productividad —crédito barato, inversión en infraestructura energética, políticas industriales inteligentes— la corrección de precios puede erosionar la competitividad vía salario real o fuga de actividad. Además, la administración cambiaria ordenada sigue siendo necesaria para países con historial de volatilidad. No hay atajo: estabilidad macro más política productiva y medidas para frenar la salida indiscriminada de capitales.
Conclusión: cómo corregir precios sin pagar el ajuste los más vulnerables
Apoyamos que se avance en la corrección de distorsiones en precios regulados cuando sea técnicamente necesario, pero exigimos tres condiciones: 1) transparencia sobre el calendario, montos y beneficiarios de ajustes (verificación pública de los números que el Ejecutivo cita); 2) compensaciones focalizadas y temporarias para hogares de menores ingresos y para sectores intensivos en empleo; 3) que la consolidación fiscal no se financie con recortes a jubilaciones ni a salarios. El Gobierno afirma haber reducido gasto real 30% y eliminado el déficit en seis meses (iProfesional), logro que debe acompañarse con políticas activas para recuperar inversión y empleo. Sin esas condiciones, la corrección de tarifas puede profundizar desigualdad y debilitar la demanda que sostiene la recuperación.
