La propuesta de relocalizar el corazón productivo hacia Neuquén y la cordillera es una apuesta a la energía y la minería como motores: el Presidente dijo que en cinco años el complejo energético “estará exportando unos USD 50.000 millones” (discurso del 2/3/2026) y promovió que el RIGI deje de ser excepción. Además, el plan RIGI aparece con compromisos por unos USD 11.000 millones en inyección de capital, según la cobertura periodística. El Gobierno también citó al INDEC para sustentar su relato macro: el EMAE creció 6,6% punta a punta (dic-2024 vs dic-2023) y 3,3% en 2025 (INDEC), cifras que el oficialismo usa para legitimar el cambio de rumbo.

¿Qué propone Milei y quiénes son los beneficiarios?

El eje oficial es claro: convertir la «Patagonia productiva» en imán para inversiones intensivas en infraestructura energética, petroquímica, aluminio, hidrógeno, litio, data centers y minería. El mensaje combina estímulos fiscales (RIGI) con la promesa de energía “barata en boca de pozo” para bajar costos de localización. Según el propio discurso presidencial, el RIGI debe pasar a política de Estado y el país debe volverse “el más atractivo para invertir en la región” (discurso 2/3/2026).

Los ganadores previsibles son empresas de capital intensivo y exportadoras de combustibles y minerales; los perdedores potenciales son los enclaves industriales del AMBA, cuya desarticulación implicaría concentración geográfica de la actividad y un cambio en la base de empleo. Esto no es un dato anecdótico sino una definición de modelo: favorecer sectores con mayor intensidad de capital y menor intensidad laboral redistribuye renta hacia el capital, con efectos sociales claros.

¿Cómo impacta esto en el empleo y en la demanda interna?

Vemos una contradicción entre el relato macro y la realidad del mercado de trabajo. El Gobierno exhibe mejora en la actividad: INDEC reporta 6,6% punta a punta y 3,3% en 2025 (EMAE), pero ese crecimiento no garantiza recuperación del empleo industrial en el Conurbano ni de la demanda masiva a corto plazo. El presidente llegó a afirmar que la cordillera podría dar “un millón de puestos de trabajo”: es una cifra exigente y el propio sector minero y energético es, en general, menos intensivo en empleo que la industria manufacturera tradicional.

Por eso exigimos que las proyecciones de exportaciones (USD 50.000 millones, discurso 2/3/2026) y los USD 11.000 millones atribuibles al RIGI se traduzcan en empleo de calidad y no en sustituir puestos formales por inversiones de capital intensivo que aumenten la precariedad. Sin esa condición, la relocalización puede reducir la demanda interna y profundizar la recesión en las zonas desmanteladas.

¿Qué condiciones deben imponerse para que la relocalización no sea ajuste?

No nos oponemos a inversiones productivas, pero sí a una transferencia indiscriminada de renta hacia el capital sin contrapartidas sociales. Exigimos medidas concretas: condicionar los beneficios del RIGI a cláusulas de empleo formal, metas de incorporación de trabajo local, obligaciones de compra local y cláusulas de mantenimiento salarial por al menos cinco años. Además, la recomposición salarial que promovamos debe integrarse al básico y acompañarse con formación técnica para que la fuerza laboral pueda reinsertarse.

También pedimos transparencia fiscal: cada USD otorgado en incentivos debe acompañarse de un análisis costo-beneficio público que estime empleo creado por peso fiscal sacrificado. Y controles sobre la salida de capitales para evitar que las rentas del boom energético se fuguen, como viene ocurriendo históricamente. Sin estas salvaguardas, lo que se vende como “relocalización productiva” puede terminar siendo una desindustrialización encubierta del AMBA.