Milei anunció una profundización del “dólar barato” y una apertura importadora destinada a frenar la inflación, mientras atribuye a un “riesgo kuka” un costo de 2 puntos del PBI (unos u$s12.000 millones), según iProfesional.

¿Cómo impacta esto en el mercado cambiario?

Vemos la estrategia como una apuesta clara: anclar el tipo de cambio a una banda más baja para absorber el impacto inflacionario via menores precios relatizados de bienes importados. En el discurso se defendió que el nuevo bono del Tesoro pagó menos de 6% y que, aun así, el riesgo país refleja 545 puntos; el gobierno interpreta que sólo 230 puntos son riesgo propio y el resto es “riesgo kuka” (fuente: iProfesional). Esta lectura mezcla dos cosas: una explicación política y otra financiera. Para los mercados, la clave es la sostenibilidad de la ancla. Si la estabilidad cambiaria requiere intervención del BCRA con compras vendidas al Tesoro, eso equivale a financiamiento encubierto y eleva el riesgo de reversión abrupta. Respaldamos la acumulación de reservas solo si no constituye financiamiento del Tesoro y con total transparencia sobre compras y emisiones.

¿Quién gana y quién pierde con la apertura importadora?

La apertura favorece al consumidor: el IPC promedio del año pasado fue 31,5% mientras que el rubro textil subió 15% y electrónica 19% (fuente: iProfesional), lo que explica mayor acceso a bienes durables y ropa. Pero la factura industrial ya está llegando: la producción industrial cae 4% interanual, la utilización de capacidad es 53,8% y en la industria automotriz usa sólo 31% de la planta (fuente: iProfesional). Esa es la división que Milei reconoció: sectores que compiten con importaciones pierden empleo y producción; sectores como minería, energía y tecnología son los que el gobierno promete como reemplazo. Históricamente, la destrucción de empleo industrial no se compensa de inmediato con nuevos empleos en minería o data centers; la reconversión exige tiempo, inversión y políticas activas. Por eso, el ajuste tiene costos reales en regiones industriales y en salarios relativos.

¿Es fiscalmente sostenible y qué piden los mercados internacionales?

Las promesas de baja de impuestos están condicionadas por la realidad recaudatoria: las retenciones y el impuesto al cheque explicaron 12% de la recaudación fiscal el año pasado (fuente: iProfesional). Además, el gobierno dijo haber hecho un esfuerzo de 2,5% del PBI para bajar presión tributaria (fuente: iProfesional), lo que deja menos margen para reducciones inmediatas sin compensación. La emisión de deuda en dólares y la lectura del gobierno sobre una porción del riesgo país como atribuible a factores políticos trae una tensión: si el mercado percibe que la estabilización cambiaria depende del BCRA comprando dólares para venderlos al Tesoro, la credibilidad se erosiona. Nuestra posición es clara: apoyamos medidas que bajen la volatilidad y la inflación, pero exigimos que la acumulación de reservas no sea un atajo para financiar al Tesoro ni una excusa para erosionar la independencia del BCRA. Sin transparencia en compras, ventas y en la mecánica de financiamiento, el “éxito” será frágil y la prima de riesgo podría volverse más costosa.

En síntesis, la estrategia es coherente con una lógica liberal: bajar precios relativos vía apertura y anclar el tipo de cambio. Pero el costo se concentra en industrias ya en declive y en la credibilidad fiscal. Vemos legítimo favorecer al consumidor, pero exigimos que el ajuste tenga compensaciones reales para los trabajadores afectados, reglas claras para la política cambiaria y total transparencia sobre el rol del BCRA en la acumulación de reservas; sin eso, el plan arriesga generar más volatilidad que la que pretende eliminar (fuente: iProfesional).