El mercado laboral argentino no repunta con fuerza: el empleo registrado total se ubicó en 12,879 millones en febrero, prácticamente sin variación interanual, mientras que el empleo asalariado privado mostró una variación mensual desestacionalizada de 0,0% y los monotributistas crecieron 90.700 personas en 12 meses (SIPA/INDEC y LCG). Este dato sintetiza la situación: hay movimiento en el mercado de trabajo, pero hacia formas con menos derechos y menor protección social.
¿Cómo impacta esto en el mercado laboral?
Los números oficiales muestran una pausa más que una recuperación. Según el INDEC/SIPA, el empleo registrado total llegó a 12,879 millones en febrero; la mejora mensual desestacionalizada fue de apenas 0,1%, y el asalariado privado sumó solo 965 puestos netos en el mes (SIPA/INDEC). Ese estancamiento llega tras nueve meses consecutivos de pérdida neta en el sector privado —con un saldo interanual de aproximadamente -100.000 empleos hasta febrero— según el propio SIPA y los análisis de LCG. Para la gente esto significa menos estabilidad y mayores riesgos laborales: cuando la dinámica del empleo está traspasando mano de obra hacia el sector público y el monotributo, la recuperación del mercado interno y del consumo se debilita.
¿Por qué crece el monotributo y qué implica para los trabajadores?
Los monotributistas crecieron 90.700 personas en el último año (+4,3% interanual), mientras que el monotributo social aumentó en unas 5.400 personas (+2,2%) y los autónomos disminuyeron levemente (SIPA/LCG). LCG describe esto como una “traslación hacia modalidades de trabajo de peor calidad”: menos aportes al sistema previsional, salarios fuera de la negociación colectiva y mayor precarización. La lógica es clara: empresas que enfrenten costos laborales rígidos o incertidumbre económica prefieren contratar bajo modalidades que reducen cargas y riesgos. El resultado es un mercado laboral con más micro-emprendimientos informales formalizados en el monotributo, pero con peores condiciones laborales y menor aporte fiscal, lo que también erosiona ingresos contributivos para jubilaciones futuras.
Salarios: nominalmente al alza, en términos reales a la baja
El salario bruto promedio del sector privado registrado alcanzó $2.110.047 en febrero (+32,2% interanual) y la mediana fue $1.514.460 (+30,6%) según INDEC; sin embargo, el acumulado del sector privado registrado en 2026 es de apenas 5,9% mientras que la inflación registrada a marzo ya es 12,3% (INDEC). LCG calculó que el salario privado registrado cayó 0,3% en términos reales en marzo y el CVS del INDEC mostró una baja real mensual de 1,3%, con siete meses consecutivos de caída real. En otras palabras, las subas nominales no alcanzan para recuperar poder de compra: eso reduce demanda agregada, frena la recuperación de la actividad y dificulta que la reforma laboral por sí sola genere empleo de calidad.
Qué puede hacer la política pública ahora
La reforma laboral (RIFL) y la reglamentación de reducciones temporales de contribuciones buscan incentivar contrataciones; el RIFL fue reglamentado a comienzos de mayo según el Gobierno, y el FAL aún espera reglamentación. Pero la evidencia es prudente: las rebajas contributivas facilitan contratación en escenarios de crecimiento, pero no generan empleo por sí mismas si no hay impulso a la demanda y políticas activas. Desde nuestra posición rechazamos financiar la estabilización con recortes a jubilaciones o salarios; proponemos reempadronamiento de la SUBE para recuperar recursos mal asignados y uso focalizado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para cofinanciar transformaciones productivas que conviertan monotributistas en empleos dependientes de calidad. Además hacen falta crédito blando para pymes, programas de formación técnica y objetivos de generación de empleo en sectores intensivos en mano de obra. Sin estas medidas complementarias, la estadística puede mejorar en el agregado sin mejorar la vida de la mayoría.
