Caromar, mayorista de productos de limpieza con fuerte presencia en Rosario, ingresó en concurso preventivo y obtuvo autorización judicial para incorporar la venta de alimentos tras una caída de ventas del 41,75% interanual entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, en busca de mayor tráfico y volumen comercial (según iProfesional.com).
¿Qué le pasó a Caromar y por qué?
Vemos una combinación habitual en empresas que intentan escalar por volumen y terminan atrapadas por una contracción de la demanda: la caída de ventas afectó la rotación y la liquidez. Según la presentación concursal, las ventas de mercaderías cayeron 41,75% interanual entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, lo que forzó el cierre de cuatro sucursales en Mar del Plata, Burzaco, La Tablada y San Justo y la baja de más de 100 trabajadores en el ajuste (según iProfesional.com).
A la compresión comercial se sumaron factores operativos y judiciales que agravaron la situación. La firma explicó que los proveedores exigieron pagos anticipados, hubo dos juicios laborales por montos cercanos a $1.000 millones y se acumularon cheques rechazados por más de $1.000 millones; además, la deuda bancaria ronda los $53 millones, con más de $44 millones tomados al Banco Credicoop en incumplimiento (según iProfesional.com). El cierre de su fábrica de jabón en polvo en el primer semestre de 2024 ejemplifica la pérdida de viabilidad industrial.
¿Cómo impacta esto en el mercado mayorista y en el empleo?
El caso sintetiza tensiones del canal mayorista: demanda retraída, competencia de precios agresiva y una estructura de costos que no se ajusta rápidamente. iProfesional apunta que competidores bajaron precios incluso por debajo de costos, lo que comprimió márgenes y obligó a abandonar líneas con menor rentabilidad; en ese marco, la reconversión hacia alimentos es racional desde la óptica de utilización de infraestructura y rotación de stock (según iProfesional.com).
El impacto laboral es directo y no neutral en la economía local: más de 100 despidos en la compañía ya reportados agravan la precariedad del empleo en el sector y abren causas laborales que hoy forman parte del proceso concursal, donde ex empleados se presentan como acreedores reclamando indemnizaciones (según iProfesional.com). Además, la pérdida de actividad en fábricas como la de jabón implica menos empleo industrial, con efectos de segunda ronda en proveedores y logística.
Qué debería hacer la política pública: prioridades para una reconversión que preserve empleo
Apoyamos medidas focalizadas y temporales para preservar empleo y salario en procesos de reconversión empresarial, en línea con nuestra posición previa. En este caso concreto, conviene priorizar líneas de crédito de corto plazo orientadas a capital de trabajo para sostener stock y pagos a proveedores, con supervisión y condiciones de reestructuración que apunten a preservar puestos de trabajo y evitar desvinculaciones masivas (posición coherente con nuestras declaraciones del 26/04/2026).
La renegociación de pasivos bancarios y el tratamiento de cheques rechazados requieren coordinación entre la sindicatura, los acreedores y el Estado para evitar que la empresa se desarme y que los costos recaigan exclusivamente sobre los trabajadores y jubilados. En particular, la deuda bancaria de alrededor de $53 millones y los incumplimientos por más de $44 millones con el Banco Credicoop obligan a buscar acuerdos de reprogramación vinculados a un plan operativo creíble (según iProfesional.com). Rechazamos financiar soluciones mediante recortes a jubilaciones o salarios; en su lugar proponemos alivios temporales, monitoreo transparente del proceso concursal y medidas que integren la industria local en la recuperación, con especial atención a la situación de las trabajadoras del comercio cuando corresponda.
