El Gobierno lanzará el llamado a licitación para el proyecto AMBA I, una ampliación de la red de transporte eléctrico que incluye más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión y nuevas estaciones transformadoras y demandará entre 700 y 800 millones de dólares (según el llamado a licitación). El esquema previsto busca financiamiento privado y una garantía parcial del Banco Interamericano de Desarrollo de 200 millones de dólares (según el anuncio), y planea que el concesionario recupere la inversión gradualmente cargando esos costos al componente transporte de las facturas durante siete años (según el pliego). Vemos necesaria la obra por la falta de ampliaciones relevantes en más de una década, pero no podemos dejar de señalar que el diseño actual traslada la carga a hogares y empresas sin suficiente protección social.
¿Quién paga la cuenta?
El mecanismo comercial deja claro quién termina asumiendo el riesgo: los usuarios finales. El pliego prevé que el concesionario pueda empezar a recuperar parte de la inversión a medida que complete hitos parciales y que esos cobros se incorporen al componente transporte de las facturas, con un repago previsto en siete años (según el llamado a licitación). Además, la obra tendrá un plazo de ejecución cercano a 52 meses (según el pliego), lo que implica que la remuneración por disponibilidad y recupero comenzará antes de la finalización total. Este diseño reduce la exposición fiscal inmediata, pero desplaza el costo hacia hogares, pymes e industrias que ya enfrentan precios energéticos altos. En el AMBA, que concentra cerca del 40 por ciento del consumo eléctrico nacional (según el pliego), el efecto distributivo puede ser muy relevante y agravará la pérdida de ingresos reales si no hay compensaciones.
¿Cómo impacta esto en hogares y empresas?
Cuando el pago corre por la factura de la luz, la incidencia recae primero sobre los hogares y luego sobre la estructura productiva. La noticia registra que en paralelo la industria acelera despidos por sobrecostos energéticos que el Gobierno no absorbe (según la cobertura sobre el sector), lo que confirma el vínculo entre tarifas energéticas y empleo. Para las familias, un aumento del componente transporte es un costo recurrente que reduce ingreso disponible y presiona el consumo de bienes y servicios. Desde nuestra lente de empleo y distribución, esto significa menos demanda agregada y mayor vulnerabilidad para quienes dedican más horas al trabajo no remunerado en el hogar, una carga que recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Pedimos que cualquier ajuste tarifario incorpore mecanismos de protección focalizados para hogares de bajos recursos y pymes sensibles a la tarifa.
¿Hay otras formas de financiarlo?
Sí. La decisión entre financiar con tarifas o con recursos públicos no es binaria; hay alternativas intermedias que reducen la regresividad. El proyecto ya incorpora palancas de crédito y garantías, como los 200 millones de dólares de garantía parcial del BID (según el anuncio) que mejoran el perfil de deuda del concesionario. Proponemos complementar ese apalancamiento con uso focalizado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para cofinanciar tramos destinados a confiabilidad sistémica, siempre con condiciones de retorno y priorizando la protección del empleo y del consumo. También sugerimos cláusulas en la concesión que limiten el recupero tarifario anticipado, índices de ajuste claros y mecanismos de revisión de tarifas vinculados a mejoras verificables en la confiabilidad. Reempadronamientos como el de SUBE pueden servir de referencia para focalizar subsidios a quienes más lo necesitan.
Conclusión: qué exigir al diseño y a la ejecución
La ampliación de la transmisión es indispensable para aprovechar la generación renovable y de gas que se incorporó en años recientes; la red no registró expansiones relevantes en más de una década, por eso la obra es técnicamente necesaria (según el pliego). Sin embargo, no podemos aceptar que la solución técnica venga a costa de trasladar la factura a jubilados, salarios o hogares sin mecanismos compensatorios. Exigimos transparencia en el cálculo del recupero, límites al cobro anticipado por hitos, protección tarifaria focalizada a hogares vulnerables y pymes, y evaluación de alternativas de cofinanciación que incluyan el uso condicionado del FGS. Rechazamos financiar la estabilización con recortes a jubilaciones o salarios; proponemos reempadronamiento de SUBE y uso focalizado del FGS para proteger empleo, producción y consumo, manteniendo la inversión pero cuidando la distribución y el empleo.
