Un recorte que pega en el bolsillo

Imagine a un vendedor que gana un básico de $800.000 y otros $600.000 en comisiones: su ingreso habitual es $1.400.000 (ejemplo citado en Ámbito, 17/2/2026). Hoy, según la praxis vigente amparada en el artículo 208 de la LCT, la licencia médica se remunera con el promedio de los últimos seis meses; la persona no ve liquidez desplomada durante su recuperación (Fuente: Ámbito, 17/2/2026). Con la reforma aprobada en el Senado y en debate en Diputados, ese puente de sostén quedaría reducido a 75% aplicado solo sobre el salario básico (Fuente: Ámbito, 17/2/2026).

La letra chica y la aritmética

El cambio no es un simple ajuste de coeficiente: es una modificación estructural de la base de cálculo. Si la sustitución baja al 75% del básico, en el ejemplo citado el trabajador pasaría a recibir $600.000 (75% de $800.000) frente a los $1.400.000 que percibe normalmente (Fuente: Ámbito, 17/2/2026). Es decir, el ingreso de bolsillo se achata hasta representar alrededor del 43% del ingreso previo, una caída mayor al 50% de lo que muchos interpretan al leer “75%” sin mirar la base (cálculo propio sobre ejemplo de Ámbito, 17/2/2026).

Ese efecto tijera —bajar el coeficiente y reducir la base de cálculo— golpea con más fuerza a los empleos donde las remuneraciones son heterogéneas: vendedores a comisión, personal de ventas por objetivo, choferes con viáticos y bonificaciones. No es solo un número jurídico: significa menos capacidad de pago de créditos, menos consumo en los barrios y mayor fragilidad financiera de hogares que ya vienen ajustando gastos.

Qué implica para la demanda y el empleo

Vemos que el estancamiento del consumo refleja pérdida de poder adquisitivo y crédito; las políticas deben priorizar empleo y demanda interna. Reducir ingresos por licencia médica es una intervención contractiva sobre la demanda agregada: baja el ingreso disponible justo cuando la persona necesita recuperarse. A corto plazo puede mejorar márgenes empresariales, pero a la vez presiona ventas, encarece el riesgo de rotación y obliga a reemplazos temporarios que encarecen los procesos productivos.

Además, la reforma habilita criterios subjetivos para reducir pagos cuando la enfermedad provenga de una “actividad voluntaria de riesgo”. Eso abre espacios de litigio, discrecionalidad y, en la práctica, un monitoreo digital de comportamientos privados que precariza aún más la relación salarial.

Comparación internacional y fuerza sindical

El proyecto se presenta como modernización, pero la comparación importa. En varios países europeos la seguridad social cubre entre el 60% y el 75% del salario y los convenios colectivos suelen complementar hasta el 100% (según resumen de prácticas en Ámbito, 17/2/2026). En Alemania, por ejemplo, el empleador paga 100% durante las primeras seis semanas por ley (Fuente: Ámbito, 17/2/2026). La diferencia central es que esos modelos conviven con sindicatos fuertes y sistemas de negociación colectiva que garantizan ingresos completos; en el presente argentino, los convenios están debilitados en sectores claves, lo que hace improbable que la negociación compense el recorte legal (evaluación sectorial, acuerdo con panorama citado en Ámbito, 17/2/2026).

Riesgos sanitarios y de seguridad laboral

Apoyar la “competitividad” transfiriendo el riesgo de salud al trabajador crea incentivos al presentismo tóxico. Trabajar enfermo aumenta contagios y accidentes, con costos que luego repercuten en la productividad agregada. Desde la mirada de género, las políticas que erosionan la protección social suelen pegar con más fuerza en empleos precarizados y en sectores de servicios donde hay mayor proporción femenina; no es una predicción aislada: es la consistencia de efectos observados en ajustes de protección social.

Alternativas y cierre

La discusión no se reduce a “más derechos” vs “más costo”. Hay alternativas: mantener la sustitución sobre la remuneración integral para grupos con alta proporción de variables; requerir complementos por convenio en sectores con poder negociador; mejorar los mecanismos de seguro social para contingencias laborales; y fortalecer inspección para evitar abusos empresariales. Cualquier reforma que busque aumentar productividad debe evitar exprimir la demanda interna a costa de la protección salarial.

Si la prioridad sigue siendo reducir costos empresariales inmediatos, vamos a pagar en empleo formal, en consumo y en salud pública. Por eso insistimos: las políticas deben priorizar empleo y demanda interna, no sólo el alivio temporario de balances. La aritmética del ejemplo —$800.000 de básico + $600.000 de comisiones → $600.000 en licencia (Fuente: Ámbito, 17/2/2026)— habla claro: el “75%” es una cifra engañosa si no se mira la base. No es modernizar: es transferir riesgo desde la organización y el Estado hacia el bolsillo del trabajador.