La pobreza infantil alcanzó el 53,6% en 2025, según la Deuda Social Argentina y la Universidad Católica Argentina, y la indigencia llegó al 10,7%. Este es el dato central: más de la mitad de la niñez vive en hogares por debajo de la línea de pobreza, con efectos que van desde la alimentación hasta las oportunidades educativas y de desarrollo.
¿Cómo impacta esto en las familias y los niños?
La cifra del 53,6% resume una realidad cotidiana: hogares que recortan comida, postergan consultas médicas y reducen estímulos educativos. De acuerdo al informe de la Deuda Social Argentina y la UCA, el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, y el 13,2% en su forma más severa. Al mismo tiempo, la asistencia alimentaria llegó al 64,8% de la niñez, el valor más alto de la serie, lo que muestra una red de contención ampliada pero insuficiente. En el conurbano bonaerense y entre los hogares de menores ingresos el golpe es más fuerte, con mayores tasas de precariedad habitacional: 18,1% vive en viviendas precarias y 20,9% en situación de hacinamiento, según la misma fuente. Estos indicadores no son abstractos: influyen en el aprendizaje, la salud y las trayectorias laborales futuras.
¿Por qué no alcanza la asistencia?
La ampliación de comedores y la Tarjeta Alimentar explican que la cobertura alimentaria haya subido al 64,8% desde 2020, pero la calidad y la estabilidad de esa asistencia siguen siendo problemáticas. El informe señala además que la cobertura de transferencias como la Asignación Universal por Hijo llegó al 42,5% de los niños, un descenso de 3,3 puntos porcentuales respecto a 2024, lo que sugiere filtraciones, errores de registro o recortes indirectos en el acceso. Cuando la asistencia es irregular o limitada, las familias pasan de soluciones temporales a estrategias que deterioran capital humano: menores que entran antes al trabajo informal, peores condiciones de higiene, y menos inversión en estimulación temprana. La mejora relativa respecto de 2024 existe, pero no alcanza: los niveles previos a 2017 todavía no se recuperan, lo que indica que la recuperación económica reciente no ha revertido déficits estructurales.
El problema estructural: trabajo, vivienda y natalidad
Los indicadores sociales muestran límites más allá de la asistencia directa. La caída sostenida de la natalidad —en 1991 el 56% de los hogares tenía menores de 18 años, según el informe— interactúa con condiciones de empleo y vivienda para modelar la pobreza infantil. Sin empleo de calidad y con salarios erosionados, los hogares no generan ingresos suficientes para salir de la trampa de la pobreza aun cuando existan transferencias. Además, el 18,1% en viviendas precarias y el 20,9% en hacinamiento reproducen vulnerabilidades sanitarias y educativas. Desde nuestra perspectiva, el salario no es solo un costo: es demanda agregada; reducirlo como vía de competitividad es empobrecer el mercado interno y profundizar la pobreza infantil. Por eso es clave vincular las políticas sociales con la política laboral y productiva para generar empleos formales y de calidad.
Qué políticas necesitamos ahora
La evidencia exige medidas simultáneas y coherentes: garantizar transferencias focalizadas y estables para la niñez, sin financiarlas vía recortes a jubilaciones o bajos salariales; expandir programas de cuidado y educación temprana; y articular estas medidas con un plan productivo que genere empleo formal en las regiones más afectadas. Según la Deuda Social y la UCA, la asistencia llega a muchos chicos (64,8%) pero no resuelve la inseguridad alimentaria en 28,8% de los casos; eso obliga a mejorar cobertura y calidad de las redes de protección. También hay que corregir fallas administrativas que explican la caída en la cobertura de la AUH al 42,5% (–3,3 p.p. vs 2024). Por último, es imprescindible que las políticas sociales se integren con la política de vivienda y la promoción de empleo local: sin trabajo digno y vivienda adecuada, la niñez seguirá pagando el costo más alto.
