La caída del poder de compra empuja a los jubilados de vuelta al mercado laboral: la tasa de actividad de mayores de 66 años subió 11% interanual en el tercer trimestre de 2025, según el Instituto Argentina Grande (IAG) en base a datos del INDEC; en paralelo, en diciembre se perdieron 12.339 empleos privados registrados (SIPA), y la suma de bajas netas en asalariados registrados desde el inicio del gobierno llegó a 288.815 (SIPA). El Gobierno, con la recaudación en descenso, recurre ahora a postergar pagos para sostener el superávit, una práctica que Ámbito reportó como “pisar la caja”.

¿Qué está pasando con los ingresos y el empleo?

Vemos una dinámica de oferta y demanda salarial que se alimenta a sí misma de forma negativa. Por un lado, la pérdida de empleos registrados (12.339 en diciembre según SIPA) y más de 200.000 bajas netas en el sector privado desde el inicio del mandato impactan directamente en la demanda interna (SIPA). Por otro, la inflación no afloja: en febrero marcó 2,9% mensual según INDEC, muy por encima de la pauta salarial mensual del 1% establecida por el ministro Luis Caputo, lo que hace prácticamente imposible recuperar salario real sin ajustes distributivos. El resultado es menos consumo, menor recaudación y presión sobre el empleo: menos demanda interna retroalimenta desempleo y precarización.

La combinación de pérdida de puestos y precios que superan la pauta salarial transforma recortes nominales en pérdida de ingreso real y alimenta una mayor informalidad y horas reducidas.

¿Cómo impacta esto en jubilados y familias?

La evidencia es clara: las jubilaciones ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas y eso fuerza decisiones supervivenciales. El IAG registra que la tasa de actividad en mayores de 66 aumentó 11% interanual (datos del INDEC), y su indicador de desempleo encubierto llegó a 13,8%, más del doble del desempleo oficial; entre jubilados ese indicador creció 34,1% en un año (IAG). Además, la morosidad de las familias subió por decimoquinto mes consecutivo en enero (+1,3%) y tocó el nivel más alto en dos décadas, según la consultora 1816.

Para una persona jubilada, que probablemente tiene ingresos fijos y enfrenta inflación mensual del 2,9% (INDEC), la única salida es volver a trabajar o endeudarse; ambas opciones dañan la calidad de vida y la estructura productiva: más trabajo precarizado y menos tiempo para cuidados familiares, una carga que suele recaer en las mujeres.

¿Por qué el Gobierno “pisa la caja” y qué implica?

La caída del consumo reduce la recaudación y obliga al Ejecutivo a ajustar el gasto para conservar el superávit fiscal, según la cobertura de Ámbito. En febrero prácticamente todos los renglones del gasto, salvo el pago de intereses, cayeron en términos reales (Ámbito). Con márgenes cada vez más estrechos, el Ejecutivo postergó pagos a contratistas de obra pública y exportadores denunciaron demoras en reintegros que antes se hacían mensualmente; también se registraron atrasos inusuales en pagos a proveedores de salud (Ámbito). Estas medidas alivian el flujo de caja del Tesoro en el corto plazo pero transfieren tensión al sector privado: quiebras, pérdida de empleo y cadenas de pago rotas.

Además, la demora en reintegros a exportadores y en pagos a proveedores reduce inversión y capacidad operativa del sector productivo, lo que aumenta el riesgo de una contracción más profunda del empleo registrado (SIPA).

Qué medidas necesitamos para romper el círculo vicioso

Nuestra prioridad es proteger ingreso y empleo. No hay salida sostenible que pase por recortar jubilaciones: financiar recomposiciones salariales o alivios mediante recortes previsionales profundiza la pobreza y obliga a más jubilados a volver a trabajar, como ya muestra el aumento del 11% en la actividad de >66 (IAG/INDEC). Apoyamos recomposición salarial integrada al básico con salvaguardas para el empleo y medidas focalizadas de alivio para los hogares más vulnerables.

En lo fiscal, es preferible buscar recursos temporarios y progresivos (por ejemplo, retenciones transitorias a rentas extraordinarias del agro o impuesto a ganancias no distribuidas) y evitar aplicar el ajuste vía caja de pagos. Simultáneamente necesitamos reactivar el crédito productivo y coordinar políticas de demanda para que la caída de consumo no se traduzca en pérdida permanente de empleo. Si no se protege la demanda y las pensiones, el círculo vicioso de mora, caída del consumo y ajuste fiscal seguirá ampliando la desigualdad y la precariedad laboral.