La inflación de febrero fue 2,9% mensual, según el INDEC, y eso vuelve a poner en riesgo el calendario de desinflación que el Gobierno esperaba consolidar en 2026.

¿Por qué volvió a repuntar la inflación?

Vemos varios factores concretos detrás del 2,9% de febrero (INDEC) que explican por qué la desaceleración se está volviendo más cuesta arriba. Primero, el INDEC apunta explícitamente a la modificación de tarifas de luz, agua y gas como uno de los impulsores del mes. Segundo, el mercado anticipa un aumento de combustibles no menor al 7% para marzo, que según la regla empírica citada por analistas nacionales tendería a traducirse en un punto adicional de inflación mensual. Tercero, hay factores estacionales como el regreso escolar y el cambio de estación en indumentaria y textiles, que tradicionalmente presionan los precios en marzo. Estos elementos se combinan con el antecedente de marzo de 2025, cuando el IPC fue 3,7% mensual (INDEC), lo que sugiere que la comparación interanual puede ser desafiante. También cabe recordar que el REM del BCRA había anticipado 2,7% para febrero, por lo que el dato efectivamente sorprendió a la mayoría de los pronósticos.

¿Cómo impacta esto en salarios, recaudación y demanda?

La inflación persistente erosiona salarios reales y frena la recuperación del consumo, que es la palanca que sostiene el empleo privado. Según los propios reportes oficiales, la recaudación viene aumentándose por debajo del IPC desde hace meses, con una brecha que los analistas sitúan en varios puntos porcentuales y que complica la consolidación fiscal. En paralelo, la revaluación del peso contra el dólar en febrero —cerca de 3,2% mensual según series cambiarias del BCRA— no amortiguó la inflación interna, lo que muestra la existencia de presiones internas sobre precios más allá del tipo de cambio. En este escenario, nuestra propuesta es clara y coherente con posiciones previas: apoyamos la actualización transparente del IPC para recuperar confianza estadística y exigimos recomposición salarial integrada al básico, con salvaguardas para el empleo y sin financiarla mediante recortes a las jubilaciones o transferencias sociales.

¿Qué puede hacer el Gobierno y qué le pedimos al FMI?

El Gobierno tiene herramientas pero debe usarlas con criterios de distribución y productivos, no sólo ortodoxos. Técnicamente puede combinar administración cambiaria prudente, focalización de subsidios y estímulos a inversión productiva con condiciones de empleo. Desde la experiencia regional, los ajustes que recortan salarios relativos sin política industrial activa terminan profundizando la retracción de la demanda interna. Además, el eventual aplazamiento de la nueva metodología del IPC —que, según la nota original, hubiera mostrado 3,1% en febrero bajo la propuesta suspendida— no soluciona el problema de fondo: se necesita un índice creíble ahora para anclar expectativas. En lo relativo al FMI, su énfasis en superávit y recaudación real por encima del IPC es conocido; hay que negociar esas metas priorizando la protección de ingresos y del empleo, y orientando cualquier financiamiento a inversión productiva condicionada a preservación de puestos de trabajo y ajuste salarial integrado al básico. No hay alternativa creíble a una desinflación que no reconcilie estabilidad macro con recuperación del salario real.

Cierre: prioridades y señales para los próximos meses

Marzo arranca con riesgos tangibles: si las tarifas y combustibles empujan como se espera, el IPC mensual podría ubicarse por encima del 3% y complicar la evolución de la recaudación y las metas fiscales. Según datos del BCRA, la banda cambiaria sitúa un techo que hoy ronda 1.703 pesos por dólar frente a cotizaciones actuales entre 1.415 y 1.450 pesos, lo que añade una variable de tensión. Por eso, insistimos en tres prioridades: 1) actualizar el IPC con transparencia para recuperar confianza estadística; 2) recomponer salarios sobre el básico con salvaguardas de empleo; 3) orientar cualquier financiamiento hacia inversión productiva condicionada a mantenimiento de puestos de trabajo y sin recurrir a recortes previsionales. Es la única forma de encarar la desinflación sin hipotecar la demanda y el empleo en Argentina.