La inflación mayorista, medida por el IPIM, subió 1% en febrero, la cifra más baja desde mayo de 2025 y una reducción de 0,7 puntos respecto de enero, según el INDEC. Este dato —impulsado por una suba de 1,3% en productos nacionales y una caída de 2,7% en importados— coincide con una estabilidad mayorista del tipo de cambio que ayudó a frenar los precios de bienes importados (INDEC).
¿Significa esto que la inflación está controlada?
No necesariamente. Vemos una desaceleración en el sector de bienes, pero el IPIM no releva servicios ni tarifas reguladas, componentes que explican buena parte de la diferencia con el consumidor. El IPC avanzó 2,9% en febrero según el INDEC, frente al 1% mayorista, y acumuló 5,9% en el primer bimestre —mientras que el IPIM acumuló 2,7% en el mismo período (INDEC). La brecha entre 2,9% y 1% muestra que los precios con mayor contacto directo con el ciudadano —transporte, energía y servicios— siguen presionando. Además, la inflación interanual del IPIM fue 25,6% (25,9% en nacionales y 21,7% en importados), lo que indica que, aunque la variación mensual sea baja, el nivel de precios sigue elevado (INDEC).
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
La moderación mayorista puede aliviar algunas cadenas productivas, especialmente manufacturas que dependen de insumos importados —su caída de precios importados de 2,7% ayuda a recuperar márgenes— pero no se traduce automáticamente en alivio para familias ni en recuperación del salario real. El IPC de 2,9% en febrero refleja aumentos en servicios y tarifas que afectan directamente el bolsillo (INDEC). Desde nuestra perspectiva prioritaria —proteger jubilaciones, salarios y empleo—, una desaceleración en bienes debe acompañarse de políticas que eviten que la consolidación fiscal se financie con recortes previsionales o salariales. Además, si la política cambiaria se vuelve volátil, la caída en importados puede revertirse y presionar nuevamente costos industriales.
¿Qué debería hacer el gobierno ahora?
La baja del IPIM abre una ventana para diseñar una estrategia dual: consolidación fiscal con progresividad en ingresos y alivios focalizados para hogares vulnerables. Recomendamos optar por aumentar ingresos fiscales progresivos y evitar ajustes que recaigan sobre jubilados o salarios. También es momento de condicionar incentivos al sector productivo a salvaguardas para el empleo y a planes de inversión que eleven productividad —no subsidios indiscriminados. Si el IPIM acumula 2,7% en el bimestre frente a 5,9% del IPC, hay margen para políticas que mitiguen tarifas y contengan alimentos sin erosionar la demanda agregada —que depende, en buena medida, del salario como motor de consumo (INDEC).
¿Qué riesgos vigilar en los próximos meses?
Vemos tres riesgos principales. Primero, la falta de traslado del menor costo mayorista a precios al consumidor —por oferta de oligopolios o por ajustes regulatorios en servicios— puede mantener la inflación alta pese al IPIM. Segundo, una consolidación fiscal que recurra a recortes previsionales o salariales reducirá demanda y dañará empleo; la evidencia muestra que el salario es también demanda agregada. Tercero, la estabilidad cambiaria es frágil: si el tipo de cambio se deprecia, los precios importados volverán a subir y presionarán nuevamente el IPIM —la caída de importados de 2,7% en febrero es sensible a esa variable (INDEC). Por eso proponemos medidas combinadas: ingresos más progresivos, alivios focalizados para servicios críticos y créditos dirigidos a inversión productiva con salvaguardas de empleo.
Conclusión: celebramos que el IPIM haya mostrado 1% en febrero —la menor suba en nueve meses según el INDEC—, pero insistimos en que la política económica aproveche esa desaceleración para consolidar cuentas sin recortar jubilaciones ni salarios, promover inversión productiva y contener precios regulados que hoy explican la brecha con el IPC (INDEC).
