La deuda flotante de la Administración Central cayó $1,2 billones entre marzo y abril, pasando de $4 billones a casi $2,8 billones, según la Tesorería General de la Nación; el movimiento se produjo luego de que el Gobierno superara una revisión ante el Fondo Monetario Internacional (Ámbito / Tesorería General de la Nación, 28/05/2026). Este primer dato resume la noticia: los pagos a proveedores y distintos organismos comenzaron a normalizarse en abril, pero el stock acumulado sigue siendo mayor que a comienzos de año.

¿Qué es la deuda flotante y cómo se utilizó ahora?

La deuda flotante es el conjunto de obligaciones devengadas pero no pagadas que quedan “flotando” en la mesa del Estado; el FMI lo contempla en sus reglas y establece un límite: la deuda flotante no puede superar el 10% del gasto corriente (reglas del FMI, comunicados del Fondo). En la práctica, la Tesorería informó que la deuda exigible había sido de $1,9 billones en febrero, trepó a $4 billones en marzo y se redujo a casi $2,8 billones en abril (Tesorería General de la Nación, Ámbito, 28/05/2026). El mecanismo es legal y conocido: cuando hay tensión para cumplir metas en base caja, los gobiernos frenan pagos hasta lograr el visto bueno del FMI y luego reabren la billetera; la diferencia entre devengado y pagado es precisamente la que permite ajustar el resultado fiscal mensual.

¿Por qué debería preocuparnos esto y cómo lo ven los mercados?

Que el Gobierno recurra a la deuda flotante no es novedad, pero su magnitud y la recurrencia son señales de estrés fiscal que los inversores observan con lupa. Según la nota de Ámbito, abril mostró una normalización de pagos —por ejemplo, cancelaciones a proveedores y reintegros a la ANSES instrumentados con bonos— pero, si se compara con enero, la deuda flotante creció $1,2 billones hasta abril (Tesorería General de la Nación). Desde la lente del mercado, lo relevante no es sólo que se use un mecanismo permitido por el FMI, sino si detrás hay financiamiento encubierto del Tesoro o simplemente un desfase temporal; los primeros erosionan la confianza y suelen traducirse en mayor riesgo país y presión sobre el tipo de cambio. Además, atrasos en pagos generaron quejas de PAMI y prestadores, y problemas con subsidios a colectivos, lo que muestra costos económicos y políticos de posponer obligaciones (Ámbito, 28/05/2026).

¿Qué debería hacer el Gobierno para que esto no sea un peligro fiscal?

La salida inmediata de volver a pagar es correcta, pero no alcanza: se necesita transparencia y anclas fiscales. Recomendamos tres pasos concretos y compatibles con la letra del acuerdo con el FMI: 1) publicar un detalle mensual y desagregado de la deuda exigible por jurisdicción y por concepto (según Tesorería), 2) asegurar que la normalización de pagos no se financie vía emisión del Banco Central ni mediante operaciones que configuren financiamiento encubierto del Tesoro, y 3) fijar metas fiscales explícitas y verificables que reduzcan la necesidad de recurrir al “truco” de atrasar pagos. Esto es coherente con la posición editorial previa: apoyamos el ordenamiento de las cuentas y la acumulación de reservas solo si es transparente, no constituye financiamiento encubierto del Tesoro y viene acompañada de anclas fiscales y mayor independencia del BCRA.

Como conclusión, el descenso de $1,2 billones entre marzo y abril (Tesorería General de la Nación) es una buena noticia operativa para proveedores, pero la imagen completa exige vigilancia: si la reducción responde a una corrección permanente del gasto y a mayor disciplina fiscal, mejora la sostenibilidad; si es solo un parche contable para pasar revisiones, la factura puede llegar por la vía de la confianza y el tipo de cambio.