El Gobierno declaró desierta la licitación para contratar un agregador comercial de GNL; Enarsa asumirá la operatoria de importación y regasificación para este invierno, una decisión tomada el 23/04/2026 y comunicada por iProfesional. Las ofertas privadas llegaron a 4,50 USD/MMBTU por parte de Naturgy y 4,57 USD/MMBTU de Trafigura, pero los técnicos del Palacio de Hacienda consideraron que la diferencia no justificaba ceder a privados la logística y el riesgo financiero, en un contexto internacional de fuertes subas de precios.

¿Qué decidió el Gobierno y por qué?

La Secretaría de Energía canceló la licitación y optó por que Enarsa gestione la campaña invernal, priorizando la continuidad del suministro y el cuidado fiscal (según iProfesional). Las propuestas de Naturgy (4,50 USD/MMBTU) y Trafigura (4,57 USD/MMBTU) estaban muy cerca entre sí, pero los analistas oficiales estimaron que los costos de intermediación y los riesgos de financiamiento harían más oneroso el esquema privado (según EconoJournal). Además, el índice de referencia europeo Dutch TTF escaló más del 55% desde comienzos de marzo, lo que amplificó la incertidumbre sobre contratos de largo plazo (según iProfesional). Por ese conjunto de razones —riesgo de sobrecosto, volatilidad externa y necesidad de asegurar abastecimiento en AMBA y el Litoral— se priorizó una solución operativa bajo gestión estatal.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

En el corto plazo, la permanencia de Enarsa reduce el riesgo de interrupciones en el suministro durante los picos invernales que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires y al Litoral; la terminal de Escobar seguirá siendo el punto neurálgico de la logística, según la Secretaría de Energía citada por iProfesional. Desde la perspectiva fiscal, evitar un contrato del tipo “agregador” implica que el Tesoro no transfiera ahora riesgos de financiamiento a privados, aunque mantiene la exposición pública si los precios internacionales se sostienen altos. Para las empresas privadas, la decisión posterga oportunidades comerciales y posibles eficiencias en intermediación; para los usuarios, pone el foco en la capacidad estatal de operar con eficiencia y transparencia.

¿Quién gana y quién pierde con esta decisión?

Ganan los consumidores y la estabilidad del servicio: asegurar la operatoria por parte de Enarsa reduce la probabilidad de sobresaltos invernales y evita la asunción inmediata de riesgos financieros en un mercado volátil. Pierden las firmas que competían por la licitación y, potencialmente, el incentivo a incorporar capital privado en infraestructura. Desde la mirada distributiva, la decisión evita un ajuste abrupto que pudiera trasladarse a tarifas en un contexto de alta sensibilidad social. Sin embargo, mantener la operatoria en el Estado exige reglas claras para evitar mayor costo fiscal: contratos transparentes, control de gastos y responsabilidad sobre subsidios.

¿Qué debería hacerse hacia 2027?

Postergar la desregulación hasta 2027 puede ser razonable si se aprovechara ese tiempo para mejorar capacidades públicas y diseñar marcos contractuales más equilibrados. Recomendamos tres prioridades: 1) fortalecer la capacidad técnica y de control de Enarsa para que la gestión estatal pueda competir por eficiencia y transparencia; 2) diseñar futuros contratos con mecanismos de reparto de riesgo (bandas de precio, cláusulas de revisión y garantías) y condiciones de fiscalidad explícitas; 3) condicionar cualquier privatización a salvaguardas sociales y fiscales, evitando financiar alivios o ajustes mediante recortes a jubilaciones o salarios. Apoyamos medidas que protejan empleo y consumo mediante alivios focalizados y temporales, siempre con reglas claras y rendición de cuentas.

La decisión de ayer es, en definitiva, un pragmatismo fiscal y operativo frente a un shock externo (suba del Dutch TTF >55% desde marzo, según iProfesional) y a ofertas privadas que no redujeron suficientemente el costo del Estado (según EconoJournal). No es el final del debate: es la oportunidad para diseñar una transición que combine seguridad de abastecimiento, disciplina fiscal y un plan creíble para incorporar inversión privada cuando los riesgos estén mejor acotados.