La Secretaría de Transporte oficializó la Resolución 16/2026 que actualiza los costos e ingresos medios del servicio de colectivos del AMBA y fija las compensaciones del Estado para febrero, marzo y abril de 2026. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, la Compensación Requerida Total alcanza $93.624.359.688 para febrero y $95.850.171.084 para abril (Resolución 16/2026, Boletín Oficial, 11/3/2026). Esto busca garantizar la operatividad de las empresas frente al aumento del salario básico acordado en la paritaria de la UTA y al encarecimiento de insumos.
¿Qué decidió el Gobierno y cuánto cuesta?
La medida valida el nuevo cálculo técnico elaborado por la Subsecretaría de Transporte Automotor y establece las partidas que recibirán las empresas que prestan servicios urbanos y suburbanos en el AMBA. En detalle, la resolución fija $93.624.359.688 como compensación para febrero; para abril consignó $73.514.138.512 por oferta y $22.336.032.572 por demanda, totalizando $95.850.171.084 (Resolución 16/2026, Boletín Oficial). Además, el cálculo incorpora costos por kilómetro: Energía $703,209/km, Neumáticos $83,215/km y Salarios $1.909,356/km para febrero (Resolución 16/2026). Comparando meses, la compensación total sube de $93.624 millones en febrero a $95.850 millones en abril, un incremento cercano al 2,4% entre ambos meses (Resolución 16/2026).
¿Cómo se financia esto y qué implica para las cuentas públicas?
La resolución especifica que los fondos provendrán del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), que incluye impuestos sobre combustibles líquidos y gravámenes al dióxido de carbono, además de partidas del Presupuesto nacional transferidas al fideicomiso administrado por el Banco de la Nación Argentina (Resolución 16/2026). Ese esquema evita en lo inmediato financiamiento vía recortes previsionales, lo que coincide con nuestra exigencia de no recomponer salarios a costa de jubilaciones. Sin embargo, dependemos de ingresos volátiles (impuestos a combustibles) y de la disponibilidad fiscal para transferencias, lo que plantea un riesgo de sostenibilidad si los precios internacionales o la recaudación cambian. Por eso reclamamos transparencia mensual de la ejecución del fideicomiso y estimaciones de impacto fiscal trimestral (Resolución 16/2026).
¿Cómo impacta en trabajadores, usuarios y empresas?
La actualización incorpora la última paritaria de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que incluyó una gratificación extraordinaria y aumento del salario básico; la incidencia de salarios se refleja en el rubro ‘Salarios del Personal’ fijado en $1.909,356/km para febrero (Resolución 16/2026). Para los trabajadores, esto protege ingreso y empleo al sostener la operatividad de las empresas; para los usuarios, la política funciona como un amortiguador de tarifas en el corto plazo. Para las empresas —muchas pymes de transporte— las compensaciones son necesarias para cubrir subas en gasoil, seguros y repuestos. Pero también hay un límite: subsidiar sin condicionalidad puede sostener estructuras ineficientes. Vemos necesario que los recursos se orienten a mantener puestos de trabajo y a exigir planes de mantenimiento de flota y mejoras de eficiencia (Resolución 16/2026).
Qué pedimos: transparencia, condicionalidad y horizonte productivo
Apoyamos la recomposición salarial integrada al básico con salvaguardas para el empleo y sin financiarla mediante recortes previsionales; la actual resolución evita esos recortes al usar SISTAU y presupuesto, pero exige control. Solicitamos tres medidas concretas: 1) informes mensuales públicos sobre montos pagados desde el fideicomiso y su origen (impuestos fiscalizados), 2) condicionalidad: las empresas que reciban compensaciones deben presentar planes de inversión mínima en flota y mantenimiento, y comprometer cláusulas de preservación de empleo durante el trimestre cubierto, 3) un plan de mediano plazo para ligar subsidios con metas de productividad y transición tecnológica (por ejemplo, renovación de unidades a GNC o eléctricas cuando corresponda). Si no, los subsidios serán una solución de corto plazo que traslada la cuenta fiscal sin resolver la fragilidad estructural del sistema (Resolución 16/2026).
