El Gobierno puso en marcha una carrera para transformar activos públicos en divisas: el plan oficial busca recaudar un piso de USD 2.000 millones en el corto plazo vendiendo participaciones en AySA, Transener y Metrogas con el objetivo expreso de fortalecer las reservas y cumplir metas pactadas con el FMI (según PERFIL, 23/4/2026).
¿Qué está en juego y cuál es la estrategia oficial?
La estrategia es directa: convertir participación estatal en caja y en una “señal” para los mercados. El paquete incluye ofrecer el 51% de AySA en licitación pública, colocar otro 39% mediante una oferta pública y reservar el 10% para empleados (según PERFIL, 23/4/2026). Para Transener se planea desprender la cuota estatal que administra Cieltec —que controla el 52,64% de las acciones Clase A— sobre una red que abarca 12.400 km de líneas y 60 estaciones transformadoras (según PERFIL, 23/4/2026). YPF, por su parte, busca vender el 70% de Metrogas con la expectativa de obtener alrededor de USD 500 millones en la operación (según PERFIL, 23/4/2026). El Ejecutivo arguye que la venta permitirá eliminar subsidios y desregular tarifas, al tiempo que cumple con la exigencia del FMI de retirar a Enarsa de la gestión energética (según PERFIL, 23/4/2026).
¿Cómo impacta esto en tarifas, empleo y prestación del servicio?
La centralidad de la discusión no es sólo contable: la transferencia a privados cambia precios relativos y puede trasladar un aumento de costos a los usuarios. Si la lógica oficial prospera —que el usuario absorba el “costo real” del servicio—, veremos presión alcista sobre tarifas y sobre la estructura de costos de la industria (según PERFIL, 23/4/2026). Además, la venta parcial de AySA y la concesión de Metrogas implican riesgos laborales: la reestructuración típica en procesos de desinversión suele conllevar racionalizaciones operativas. En el caso de AySA, la nota señala que el activo incluye plantas de tratamiento y bienes inmuebles estratégicos y que el Banco Nación realiza una auditoría por el pasivo financiero acumulado (según PERFIL, 23/4/2026). El Gobierno promete reinvertir fondos recuperados en infraestructura y habilitó cortes por deuda como garantía, pero existe incertidumbre sobre los criterios de protección de empleo y la calidad del servicio en la fase posterior a la venta.
¿Conviene financieramente y qué le falta a la operación?
A corto plazo, USD 2.000 millones pueden mejorar la foto de reservas y reducir presión sobre el perfil financiero del país (según PERFIL, 23/4/2026). Pero hay costos de largo plazo: perder control sobre la fijación de precios mayoristas y sobre activos estratégicos puede encarecer la producción local y debilitar la soberanía energética y sanitaria. El plan contempla plazos de evaluación técnica y financiera —90 días para evaluar oferentes en AySA— y la retención de ciertas figuras patrimoniales bajo control estatal (según PERFIL, 23/4/2026), lo que sugiere una venta tipo concesión. Eso puede moderar riesgos, pero no reemplaza la necesidad de condiciones contractuales estrictas: cláusulas de reinversión obligatoria, garantías de mantenimiento del empleo, reglas de revisión tarifaria con criterio social y mecanismos de auditoría pública. Sin esas condiciones, la maniobra puede mejorar los números fiscales momentáneamente y, simultáneamente, aumentar la vulnerabilidad económica y social.
Para nosotros, la pregunta clave es si estas ventas están diseñadas para proteger abastecimiento y empleo mientras cubren obligaciones externas, o si sirven sólo a una foto financiera para los mercados. Apoyamos que el Estado priorice la seguridad del abastecimiento y el cuidado fiscal, y respaldamos alivios o medidas temporarias que protejan empleo sin recortar jubilaciones ni salarios; por eso exigimos límites, transparencia y contrapartidas sociales y productivas a cualquier desinversión (posición coherente con declaraciones previas del 21-23/4/2026).
