Vemos el dato más duro desde el borde de las estadísticas: el presupuesto para seguros de desempleo en 2026 escaló hasta $363.257 millones, lo que representa un aumento nominal del 671% respecto a 2023 y evidencia una mayor necesidad de protección frente a pérdidas de empleo (según el presupuesto abierto).

Lo que dicen los números

Ya se devengaron $67.405,99 millones del presupuesto 2026, es decir el 18,56% del total previsto para el año y un 43% más que lo ejecutado en todo 2023 (presupuesto abierto). Entre 2024 y 2025 se tramitaron 328.182 seguros por desempleo y, a diciembre de 2025, seguían cobrando 103.654 personas, de acuerdo al Boletín Estadístico de la Seguridad Social. Las estadísticas oficiales estiman un seguro promedio de $276.000; la OCDE registró que el promedio pagado en 2024 fue de $214.000 y calculó que solo el 10,3% de la población desempleada cobraba prestaciones en diciembre de 2024 (informe OCDE).

Estos números conviven con otra referencia clave: según el INDEC, en 2025 había alrededor de 1.000.000 de personas desempleadas. Tomados juntos, los datos muestran que el aumento presupuestario atiende a un mayor flujo de beneficiarios, pero que la penetración del instrumento es aún limitada frente al universo de trabajadores afectados y a la elevada informalidad (presupuesto abierto; Boletín Estadístico; INDEC; OCDE).

Dónde duele: sectores y perfiles

La distribución sectorial de las solicitudes confirma que no se trata de un fenómeno aislado: en 2025 el 23,8% de las solicitudes provinieron de la manufactura, 21,2% del comercio mayorista y minorista y 16,3% de la construcción (Boletín Estadístico de la Seguridad Social). A esto se suman actividades administrativas y servicios de alojamiento y comida.

Eso habla, por un lado, de la vulnerabilidad del entramado productivo que genera empleo registrado de calidad y, por otro, de los límites del seguro: quedan fuera los empleados públicos y quienes no estaban registrados en el momento del desempleo, por lo que la cifra oficial subestima la magnitud del problema.

Por qué subió el gasto

Hay tres factores principales. Primero, la ola de despidos y cierres registrada en 2024 y 2025, que se tradujo en mayores trámites y en una base de beneficiarios más amplia (Boletín Estadístico). Segundo, cambios en el cálculo y la elegibilidad implementados desde octubre de 2023, que ajustaron montos mínimos y máximos y ampliaron la duración para mayores de 45 años (información oficial del programa). Tercero, la persistente informalidad limita la protección universal: la OCDE señala que la baja cobertura se explica principalmente por la alta tasa de trabajo no registrado.

Implicaciones macro y distributivas

Un aumento de esta magnitud en el gasto social tiene doble lectura. Por un lado, es señal de una red de contención que se activa cuando se pierden empleos; por otro, revela la fragilidad del mercado laboral y la necesidad de políticas que actúen sobre la oferta y la demanda simultáneamente. El costo fiscal para 2026 es relevante, pero la ausencia de cobertura para quienes están fuera del sistema formal agrava la desigualdad y limita el efecto estabilizador.

Desde la lente distributiva, estos seguros protegen ingresos de asalariados registrados frente a cierres y quiebras, pero la presión recae con mayor peso sobre quienes no están cubiertos: mujeres en empleos informales, trabajadores jóvenes y monotributistas concentran riesgos que el seguro no cubre plenamente.

Qué hacer: medidas urgentes y estratégicas

Primero, sostener salarios reales es clave para preservar demanda y empleo. Cualquier ajuste que licue ingresos agravará la caída del mercado interno y multiplicará la necesidad de transferencias. Segundo, combinar la ampliación del seguro con políticas activas: programas de reconversión ocupacional, subsidios temporales condicionados a la contratación y créditos para mantenimiento de fuentes de trabajo en pymes; estas medidas reducen la dependencia del seguro como único mecanismo.

Tercero, formalizar: ampliar la fiscalización inteligente y facilitar la transición de trabajadores informales al empleo registrado debe ser prioridad. Cuarto, proteger los sectores estratégicos donde se concentran las altas (manufactura, comercio, construcción) mediante políticas industriales y apoyo al crédito para evitar cierres en cadena.

Cierre

El salto presupuestario en 2026 es, en parte, la factura de una economía que no reactivó empleo de calidad con rapidez. Vemos que la red de seguro funciona pero es insuficiente. Por eso defendemos consolidar salarios y proteger el empleo mientras se fortalecen las políticas de formalización y las herramientas activas que eviten que más familias ingresen al circuito del seguro por falta de alternativas productivas.