El Gobierno oficializó un incremento del 3% para el personal de casas particulares: 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo, y además acordó bonos mensuales remunerativos que van de $8.000 a $20.000 según la carga horaria, tal como figura en la Resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial (informado por iProfesional el 12/3/2026). Esta combinación de porcentajes y sumas fijas marca el primer ajuste paritario del año para el sector.

¿Qué exactamente dispuso la resolución y cómo se aplica?

La actualización es acumulativa: el 1,5% de marzo se aplica sobre el salario ya aumentado en febrero (Resolución 2/2026, Boletín Oficial). Además, se establecieron bonos extraordinarios que tendrán carácter remunerativo y por lo tanto se incorporarán al salario básico: $20.000 para personal con más de 16 horas semanales; $11.500 para 12–16 horas; y $8.000 para hasta 12 horas (iProfesional, 12/3/2026 citando la resolución). En términos concretos, la resolución modifica las escalas mínimas publicadas: por ejemplo, los supervisores con retiro pasaron de $493.250,51 mensuales en febrero a $500.649,26 en marzo (iProfesional / Boletín Oficial). Esos ejemplos ilustran el carácter compensatorio puntual del ajuste y cómo la incorporación de bonos impactará en la base para aportes.

¿Cómo impacta esto en el mercado laboral y en los ingresos de las trabajadoras?

Vemos dos efectos inmediatos. Primero, la incorporación de los bonos como remunerativos mejora la base salarial y elevará aportes y contribuciones, con impacto positivo en futuras prestaciones; los bonos de febrero y marzo suman entre $16.000 y $40.000 en total por trabajadora según la categoría (iProfesional, 12/3/2026). Segundo, el aumento porcentual —3% acumulado— actúa como un paliativo de corto plazo, pero su poder real depende de la inflación efectiva: el ajuste llega en dos tramos cortos y puede quedar erosionado si la inflación mensual supera esos incrementos. El empleo doméstico es además uno de los sectores más feminizados de la economía, por lo que cualquier recomposición salarial tiene un fuerte efecto distributivo de género y sobre la demanda doméstica.

¿Quién gana y quién puede perder con este ajuste?

Ganan las trabajadoras: mayor salario reconocido y mayores derechos contributivos por la remuneratividad de los bonos. Ganan también las futuras prestaciones previsionales de quienes cotizan más. Pero hay riesgos: las familias que emplean personal doméstico soportarán un aumento de costos laborales, aunque la magnitud depende de la carga horaria y de la formalidad. Ese encarecimiento puede incentivar reducción de horas, transición a informalidad o pérdida de empleo si no se acompañan medidas de apoyo. Por eso es clave imponer salvaguardas: asistencia para formalizar contratos, créditos blandos o incentivos fiscales temporales para pequeños empleadores, y monitoreo por parte del Ministerio de Trabajo para evitar precarización.

Qué debería acompañar esta decisión desde la política pública

Apoyamos la recomposición salarial integrada al básico y con salvaguardas para el empleo: los bonos remunerativos son un avance en derechos, pero insuficiente sin políticas activas. Recomendamos que el Gobierno vincule estos aumentos a programas de formalización y a mecanismos que eviten que la recomposición se financie con recortes previsionales o reducciones de derechos (posición consistente con nuestras notas previas). Además, proponemos evaluar medidas temporales para hogares de ingresos medios-bajos que contratan personal doméstico y promover campañas de registro y digitalización de contratos. Por último, es imprescindible publicar datos periódicos sobre evolución del empleo en el sector y sobre cuántos trabajadores acceden efectivamente a la remuneración y a la contribución plena (hasta ahora la información sectorial completa no está plenamente consolidada en fuentes públicas sobre la formalidad). Estamos a favor de recomponer ingresos: debe hacerse con políticas que cuiden el empleo y la formalidad, no recortando el derecho previsional de terceros.