El ingreso disponible de los hogares registró en febrero una caída mensual del 2,1%, la mayor desde marzo del año pasado, y quedó 5,4% por debajo de los niveles de 2023, según el último informe de la Fundación Pensar. Ese deterioro se concentra sobre todo en los sectores de menores ingresos y se combina con aumentos de gastos fijos que reducen el margen para consumo y para sostener la demanda interna.
¿Qué significa esto para las familias?
Vemos dos impactos inmediatos. Primero, la capacidad de compra está en retroceso: la Fundación Pensar reporta que los gastos fijos de las familias representaron en febrero cerca del 24% del ingreso total, ocho puntos porcentuales más que a fines de 2023 (Fundación Pensar). Segundo, los incrementos en insumos básicos ya golpean el bolsillo: electricidad y gas subieron 8,9% en el último mes relevado y las expensas aumentaron 4,5% en ese mismo período (Fundación Pensar). Ese mix de ingresos que caen y gastos que suben explica por qué, según una encuesta citada en el informe, el 56% de los argentinos dice que su ingreso familiar no le alcanza y el 42% admite atrasos o falta de pago en la tarjeta de crédito (Casa Tres). En suma, el efecto es regresivo: los hogares de menores ingresos pierden más poder de compra que los de mayores ingresos, lo que agrava la desigualdad y reduce la demanda de bienes y servicios producidos localmente.
Empleo y salarios: ¿quién pierde más?
La caída del ingreso no es homogénea. La Fundación Pensar señala que los estratos más bajos registraron una baja de 5,8% respecto al inicio de la gestión, mientras que los segmentos más altos retrocedieron 1,4% en el mismo periodo (Fundación Pensar). Por sector, los empleados públicos acumularon una caída del 18,3% desde el inicio de la gestión y las jubilaciones retrocedieron 24% respecto de diciembre de 2023 (Fundación Pensar). En el sector privado formal, el informe estima una pérdida real equivalente a 2,3 millones de pesos por trabajador desde el inicio de la gestión (Fundación Pensar). Estos números muestran que ajustar por la vía del ingreso laboral o previsional no solo es injusto, sino que además es contraproducente para la recuperación: el salario es demanda. Si se licuan salarios y jubilaciones, se profundiza la caída del mercado interno y se ponen en riesgo empleos cuya preservación debería ser la prioridad.
Qué medidas son coherentes con proteger el empleo y el consumo
No aceptamos financiar la estabilización con recortes a salarios o jubilaciones. Proponemos medidas alternativas y focalizadas. Primero, topes temporales a tarifas para hogares vulnerables y pymes, acompañados por reempadronamiento de beneficiarios para evitar fugas de subsidio (coherente con nuestra posición previa). Segundo, uso focalizado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para sostener empleo en empresas en riesgo y para líneas de crédito que mantengan la rueda del consumo, en especial bienes transables que sostienen industria local. Tercero, transparencia en el gasto público discrecional y recortes en rubros no prioritarios como viajes y gastos de representación. Finalmente, priorizar diálogo con sindicatos y cámaras empresarias para evitar despidos y acuerdos de mantenimiento de empleo antes que ajustes salariales. Estas propuestas buscan equilibrar las cuentas sin sacrificar el mercado interno ni la equidad.
En conjunto, los datos de la Fundación Pensar y la encuesta de Casa Tres muestran una combinación peligrosa: ingreso disponible en retroceso, aumento de gastos fijos y erosión de salarios y jubilaciones. La respuesta debe ser selectiva, proteger el poder de compra de quienes más lo necesitan y preservar empleo, porque solo así se sostiene la demanda necesaria para que la economía recupere músculo productivo.
