Desde enero de 2024 el Gobierno destinó más de $5.700 millones a viajes presidenciales al exterior, según la reconstrucción de PERFIL con base en los últimos siete informes del jefe de Gabinete. Ese total combina más de $2.000 millones en pesos, US$2,6 millones (casi $3.700 millones al dólar oficial) y más de 4.000 euros (unos $7 millones), según los reportes oficiales citados por PERFIL. El dato es claro y exige una discusión pública sobre prioridades fiscales y control del gasto.
¿Qué muestran los números?
Los informes oficiales consignan 38 viajes hasta marzo de 2026, de los cuales 16 se dirigieron a Estados Unidos, convirtiendo a ese país en el destino más frecuente, según PERFIL y las respuestas de la Secretaría de Presidencia. PERFIL señala que sólo los traslados a EE. UU. insumieron más de $1.100 millones y US$1,18 millones, que al valor del dólar oficial representan cerca de $2.800 millones. Un solo viaje de dos días en julio de 2024 reportó desembolsos por $33.344.750 y US$376.000, equivalentes a $563,5 millones en el momento del informe, según el informe 140 de Guillermo Francos citado por PERFIL. En lo que va de 2026, la Presidencia devengó $1.057 millones en viáticos y pasajes en los primeros cuatro meses, una cifra que PERFIL contrasta con los $1.177 millones ejecutados en todo 2023 bajo la misma rúbrica, según datos del presupuesto abierto.
¿Por qué debe importarnos esto?
El gasto en viajes no es un asunto aislado: compite con recursos públicos escasos y con decisiones que impactan directamente en empleo y consumo. Vemos que el presupuesto para viáticos y pasajes de la Secretaría General pasó de $2.135 millones en 2025 a $4.111 millones en 2026, según el presupuesto abierto verificado por PERFIL, es decir, se duplicó en un año. Ese incremento contrasta con la situación de hogares y salarios: priorizar partidas opacas o sin límites efectivos reduce el margen para políticas que sostengan el consumo y el empleo. Además, la concentración de salidas a determinados destinos y la frecuente inclusión de agentes de prensa y asesores multiplican el costo por persona y dificultan justificar cada erogación como indispensable para la función diplomática o económica del Estado.
Qué proponemos: límites, transparencia y prioridades fiscales
Rechazamos financiar la estabilización con recortes a salarios o jubilaciones; por eso proponemos medidas concretas sobre este capítulo del gasto. Primero, topes temporales y máximos por comitiva: limitar el número de funcionarios autorizados y los viáticos por día, con reglas públicas. Segundo, auditoría y publicación detallada de gastos por viaje en el portal de presupuesto abierto, describiendo integrantes, objetivos y resultados verificables. Tercero, reempadronamiento de beneficiarios de programas y uso focalizado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para proteger empleo y consumo, priorizando la inversión pública productiva y la protección social antes que gastos discrecionales. Estas propuestas respetan la necesidad de la diplomacia y la representación oficial, pero exigen que el Estado rinda cuentas y que la carga fiscal no recaiga sobre los salarios y las jubilaciones.
Con qué criterio fiscal y social se debe juzgar este gasto
No se trata de demonizar cada viaje oficial, sino de someter el gasto a criterios de eficacia y redistribución. Cuando una partida como viáticos crece hasta duplicarse en un año, según datos del presupuesto abierto, es razonable preguntar si esos recursos podrían evitar despidos, sostener programas de empleo o aliviar restricciones de consumo. Vemos además un problema de coherencia: no se puede pedir sacrificios al conjunto de la sociedad y mantener partidas elevadas y opacas para viajes. La política económica debe priorizar empleo y demanda interna; las cuentas públicas se sanan con transparencia, reordenamiento de prioridades y medidas redistributivas inteligentes, no con ajustes que liquiden salarios o jubilaciones.
