El Gobierno reportó un superávit primario de $5,7 billones en el primer trimestre de 2026, $1,5 billones por encima de la meta indicativa acordada con el FMI de $4,2 billones (según Ámbito). Vemos un resultado que, en apariencia, mejora las cuentas públicas; al mismo tiempo, observamos que gran parte de ese espacio fiscal provino de recetas puntuales: privatizaciones y ajuste sobre partidas del gasto.
¿Qué pasó y por qué se alcanzó la meta?
La cifra central es clara: $5,7 billones de superávit primario entre enero y marzo frente a una meta de $4,2 billones (Ámbito). Pero entrando en detalle, en enero hubo un saldo primario extraordinario de $3,1 billones, que incluyó rentas por la privatización de la represa del Comahue por cerca de $2 billones (Ámbito). De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los ingresos totales mostraron una variación real interanual negativa de 5,1% (IARAF, variación real interanual). Ese descenso vino por una baja real interanual del 8% en los ingresos tributarios, que no fue compensada del todo por un aumento real interanual del 38,9% en los ingresos no tributarios (IARAF, variación real interanual). En síntesis: se usaron ingresos no recurrentes y se ajustó gasto para cumplir la meta.
¿Cómo impacta esto en el bolsillo de las familias y en el empleo?
El resultado fiscal no es neutro en términos sociales: la contención de ciertos pagos y la caída del gasto primario tienen efectos distributivos y sobre la demanda. El gasto primario cayó 5% real en el trimestre (IARAF, variación real interanual), mientras que algunos rubros fueron comprimidos intensamente: transferencias corrientes a provincias bajaron 37,3% y subsidios al transporte 31,2% (IARAF). Al mismo tiempo aumentaron los subsidios a la energía un 86,5% real interanual, una decisión que evitó trasladar costos a tarifas (IARAF). Observamos que estas decisiones redistribuyen el ajuste: se protege el consumo tarifario hoy (evitando subas que golpeen el bolsillo), pero se recortan transferencias a provincias y transporte, lo que puede traducirse en pérdida de empleo público y en menor inversión local. Además, el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas subió 2,2% (IARAF), lo que sugiere que el ajuste no se materializó vía recortes previsionales masivos, pero la combinación general del ajuste puede erosionar la demanda y el empleo privado.
¿Es sostenible este superávit o estamos frente a una foto distorsionada?
Si excluimos los ingresos por privatizaciones, el superávit primario baja a $4.607.486 millones y muestra una caída real interanual del 23,7% (IARAF). Eso evidencia que buena parte del “éxito” fue una construcción contable y no una mejora estructural en la recaudación. El Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) advierte que el gasto primario se ajusta de manera casi simétrica a la baja de ingresos y que no hay impulso contracíclico desde lo fiscal, sino un sesgo procíclico (CEPEC). Desde nuestra perspectiva, un superávit basado en ingresos no recurrentes y en recortes temporales —o en el traslado del ajuste a niveles subnacionales— no es sostenible. La estabilidad genuina exige recuperación de la actividad, mejora de la recaudación laboral-y-productiva y decisiones redistributivas claras.
Qué proponemos: transparencia, focalización y protección del empleo
Apoyamos medidas que den alivio fiscal focalizado y temporal para proteger empleo y consumo, pero exigimos transparencia sobre el origen de los ingresos y la composición del ajuste. No aceptamos que la consolidación se financie con recortes a jubilaciones o salarios: defendemos que los alivios o las correcciones provengan de medidas progresivas y de ingresos no recurrentes usados con transparencia para inversión productiva. Además, la política debe evitar que el ajuste se traslade a provincias y transporte sin compensaciones: cuando se recortan transferencias subnacionales se pone en riesgo empleo público y servicios esenciales, con un costo social mayor. En resumen, celebrar un número en las cuentas públicas tiene sentido sólo si viene acompañado de políticas que sostengan la demanda, el empleo y la capacidad productiva a mediano plazo.
