El Gobierno confirmó que las retenciones al campo llegarán a cero antes del final del segundo mandato del presidente Javier Milei; el secretario de Agricultura dijo que “seis de cada diez dólares” que exporta Argentina provienen del agro y que el trigo alcanzó 27,5 millones de toneladas en la campaña, un récord (iProfesional, 14/4/2026). Esta nota analiza qué implica ese objetivo para las cuentas públicas, el mercado de trabajo y las alternativas productivas.

¿Cómo impacta esto en las cuentas públicas?

La promesa de llevar retenciones a cero es, en términos fiscales, una promesa de vaciar una caja que hoy captura renta agroexportadora. El propio secretario Sergio Iraeta vincula la decisión con la responsabilidad fiscal, lo que implica que la eliminación total deberá compensarse con otras medidas o con crecimiento de recaudación (iProfesional, 14/4/2026). Además, el funcionario reivindicó rebajas parciales ya aplicadas en soja, lácteos y economías regionales como estímulo a la producción. El Gobierno también señaló fallas logísticas acumuladas durante “20 años” de desmanejo, que pretende corregir con concesiones privadas (iProfesional, 14/4/2026). La pregunta central es cómo se reemplaza ese ingreso: sin aclararlo, el riesgo es trasladar la carga a tarifas, al impuesto a las ganancias, o a recortes en gasto social. Por coherencia con nuestra postura, insistimos en que cualquier alivio debe ser focalizado, temporal y no financiarse con recortes a jubilaciones o salarios.

¿Cómo afecta a empleo, precios y la demanda interna?

El agro es clave para las exportaciones, pero no es sinónimo automático de empleo masivo en todo el país. La campaña récord de trigo con 27,5 millones de toneladas muestra capacidad productiva y rendimiento climático favorable, pero gran parte de la renta va a capital y a servicios logísticos puntuales (iProfesional, 14/4/2026). Reducir retenciones puede aumentar incentivos a la producción y a las exportaciones, pero también debilitar la recaudación que sustenta gasto social y transferencias que sostienen consumo interno. Ese traslado redistributivo —de asalariados y jubilados hacia exportadores— puede contraer demanda agregada si no se compensa con políticas que protejan ingresos de hogares y empleo en sectores no exportadores. Por eso, un alivio fiscal amplio sin contrapartidas productivas y sociales puede aumentar desigualdad y poner en riesgo puestos de trabajo en el corto plazo.

¿Qué alternativas técnicas y productivas conviene discutir?

Hay camino para bajar la carga tributaria al agro sin afectar al mismo tiempo el sostén social del país, pero exige reglas claras. Primero, proponer eliminaciones escalonadas ligadas a metas de crecimiento de la recaudación no agro y a mejoras en la formalización de la renta exportadora; segundo, condicionar reducciones de retenciones a programas de inversión en logística y en agregado de valor —no solo a mayores volúmenes de grano. El Gobierno mencionó créditos valor-producto y concesiones viales y de hidrovía como parte del plan (iProfesional, 14/4/2026). También hay que abrir el debate sobre UPOV 91 con datos: la protección de semillas puede aumentar inversión tecnológica, pero también encarecer costos de siembra para productores familiares. En síntesis, apoyamos alivios fiscales focalizados y temporales que protejan empleo y consumo, con transparencia y sin financiarse mediante recortes a jubilaciones o salarios.