El Gobierno pide a los empresarios que aumenten: la discusión sobre salarios y empleo
El llamado oficial a que las empresas suban salarios choca con lecturas contradictorias de SIPA y el INDEC sobre la evolución salarial y el empleo formal.
Con una consigna sencilla —"los empresarios tienen que tomar conciencia de que tienen que aumentar"— el Gobierno sigue presionando para recuperar poder de compra. El comunicado oficial del 24/4/2026 cita datos del SIPA que muestran que el salario registrado estaría por encima del nivel de inicio de gestión; a la vez, el INDEC detecta un deterioro real y disparidades por sector. Esta tensión entre fuentes marca la discusión: ¿suben realmente los salarios para los trabajadores que más los necesitan, o las mejoras son concentradas y nominales?
¿Qué dijeron SIPA e INDEC y por qué difieren?
La Secretaría de Trabajo difundió su lectura basándose en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): según ese registro, hay 6,9 millones de asalariados registrados y un aumento nominal acumulado de cerca del 3% desde el inicio de gestión (Secretaría de Trabajo, 24/4/2026). Sin embargo, el INDEC muestra que, en términos reales, los salarios continuaron perdiendo contra la inflación: la caída real interanual del salario fue del 6% en los últimos 12 meses según INDEC (último informe disponible). La diferencia no es sólo técnica: SIPA mide el salario promedio de los registrados (captura empleos formales y aportes), mientras que el INDEC incorpora encuestas de hogares que incluyen altos niveles de informalidad y heterogeneidad sectorial. Esa divergencia explica por qué se puede afirmar simultáneamente que "los salarios suben" y que "la mayoría sigue perdiendo".
¿Cómo impacta esto en el mercado laboral argentino?
La tasa de desocupación oficial del 7,5% (INDEC, último trimestre) convive con una elevada informalidad: aproximadamente el 35% de los ocupados están en la economía informal según INDEC (último dato disponible). Ese mix explica dos cosas: primero, que los aumentos registrados por SIPA no llegan de forma homogénea; segundo, que la presión por proteger puestos de trabajo es real. Cuando el salario real cae, la demanda interna se debilita; cuando las empresas enfrentan costos crecientes, buscan ajustar por empleo o precios. Por eso no alcanza sólo con exhortar a los empleadores: hacen falta incentivos públicos temporales y focalizados que acompañen aumentos salariales ligados a mantener empleo y productividad, y créditos para inversión que permitan mejorar la competitividad sin reemplazar mano de obra.
Qué políticas proponemos: equilibrio entre aumento salarial y preservación del empleo
Vemos necesario combinar dos ejes. Primero, promover acuerdos salariales sectoriales donde los aumentos sean graduales y vinculados a metas de inversión y mantenimiento de plantillas: si los empresarios reciben algún alivio fiscal o crédito, debe condicionarse a la preservación del empleo. Segundo, políticas públicas focalizadas y temporales —alivios impositivos por 6–12 meses, créditos blandos para reconversión— para las empresas en proceso de reestructuración, con transparencia sobre beneficiarios (coherente con nuestro apoyo previo a alivios focalizados). Rechazamos financiarlos con recortes a jubilaciones o salarios. Además, el Estado debe reforzar la inspección laboral y los programas de formalización: la informalidad (≈35% según INDEC) es una traba estructural que distorsiona la lectura estadística y erosiona derechos.
En síntesis, la exhortación del Gobierno a que "los empresarios aumenten" tiene sentido político, pero necesita acompañamiento público condicional y metas claras de integración productiva. Subir salarios es compatible con preservar el empleo si se combinan diálogo social, incentivos condicionados y protección a los más vulnerables —no con recortes a jubilaciones ni licuaciones del salario real—. Sin esa combinación, los aumentos serán parciales y seguirán profundizando la desigualdad entre sectores.