Con una consigna sencilla —“los empresarios tienen que tomar conciencia de que tienen que aumentar”— el Gobierno sigue presionando para recuperar poder de compra. El comunicado oficial del 24/4/2026 cita datos del SIPA que muestran que el salario registrado estaría por encima del nivel de inicio de gestión; a la vez, el INDEC detecta un deterioro real y disparidades por sector. Esta tensión entre fuentes marca la discusión: ¿suben realmente los salarios para los trabajadores que más los necesitan, o las mejoras son concentradas y nominales?

¿Qué dijeron SIPA e INDEC y por qué difieren?

La Secretaría de Trabajo difundió su lectura basándose en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): según ese registro, hay 6,9 millones de asalariados registrados y un aumento nominal acumulado de cerca del 3% desde el inicio de gestión (Secretaría de Trabajo, 24/4/2026). Sin embargo, el INDEC muestra que, en términos reales, los salarios continuaron perdiendo contra la inflación: la caída real interanual del salario fue del 6% en los últimos 12 meses según INDEC (último informe disponible). La diferencia no es sólo técnica: SIPA mide el salario promedio de los registrados (captura empleos formales y aportes), mientras que el INDEC incorpora encuestas de hogares que incluyen altos niveles de informalidad y heterogeneidad sectorial. Esa divergencia explica por qué se puede afirmar simultáneamente que “los salarios suben” y que “la mayoría sigue perdiendo”.

¿Cómo impacta esto en el mercado laboral argentino?

La tasa de desocupación oficial del 7,5% (INDEC, último trimestre) convive con una elevada informalidad: aproximadamente el 35% de los ocupados están en la economía informal según INDEC (último dato disponible). Ese mix explica dos cosas: primero, que los aumentos registrados por SIPA no llegan de forma homogénea; segundo, que la presión por proteger puestos de trabajo es real. Cuando el salario real cae, la demanda interna se debilita; cuando las empresas enfrentan costos crecientes, buscan ajustar por empleo o precios. Por eso no alcanza sólo con exhortar a los empleadores: hacen falta incentivos públicos temporales y focalizados que acompañen aumentos salariales ligados a mantener empleo y productividad, y créditos para inversión que permitan mejorar la competitividad sin reemplazar mano de obra.

Qué políticas proponemos: equilibrio entre aumento salarial y preservación del empleo

Vemos necesario combinar dos ejes. Primero, promover acuerdos salariales sectoriales donde los aumentos sean graduales y vinculados a metas de inversión y mantenimiento de plantillas: si los empresarios reciben algún alivio fiscal o crédito, debe condicionarse a la preservación del empleo. Segundo, políticas públicas focalizadas y temporales —alivios impositivos por 6–12 meses, créditos blandos para reconversión— para las empresas en proceso de reestructuración, con transparencia sobre beneficiarios (coherente con nuestro apoyo previo a alivios focalizados). Rechazamos financiarlos con recortes a jubilaciones o salarios. Además, el Estado debe reforzar la inspección laboral y los programas de formalización: la informalidad (≈35% según INDEC) es una traba estructural que distorsiona la lectura estadística y erosiona derechos.

En síntesis, la exhortación del Gobierno a que “los empresarios aumenten” tiene sentido político, pero necesita acompañamiento público condicional y metas claras de integración productiva. Subir salarios es compatible con preservar el empleo si se combinan diálogo social, incentivos condicionados y protección a los más vulnerables —no con recortes a jubilaciones ni licuaciones del salario real—. Sin esa combinación, los aumentos serán parciales y seguirán profundizando la desigualdad entre sectores.