El Gobierno puso un límite a las actualizaciones mensuales del servicio de agua y cloacas en el AMBA: las subas no podrán superar el 4% mensual entre enero y abril de 2026 y 3% mensual desde mayo hasta agosto de 2026, según la Resolución 14/2026 publicada en el Boletín Oficial el 27/4/2026 (ERAS). El objetivo oficial es moderar el traslado de la recomposición de tarifas al bolsillo de los usuarios mientras se busca equilibrar la situación económica de la concesionaria.
¿Cómo afecta esto al bolsillo de una familia del AMBA?
La moderación de los aumentos impacta directamente en la capacidad de compra de los hogares. Un tope de 4% mensual (base: incremento mensual) para el primer cuatrimestre y 3% mensual desde mayo hasta agosto limita la escalada acumulada que hubiera resultado de subas sin techo (Resolución 14/2026, Boletín Oficial, 27/4/2026). Vemos que, frente a meses previos donde se habían aplicado subas del 4% mensuales, la medida reduce el ritmo de traspaso de la inflación a servicios básicos (según el comunicado del ERAS). Para hogares con ingresos ajustados por salario o jubilación, una moderación mensual de 1 punto porcentual puede marcar la diferencia entre llegar a fin de mes o recortar gasto en alimentos o transporte. Por eso, apoyamos medidas temporales y focalizadas que preserven el salario real y el consumo, siempre que vengan acompañadas de control y transparencia.
Equilibrio entre la cuenta de AySA y el consumo doméstico
La resolución intenta un punto medio: reconocer el atraso tarifario declarado por AySA y, al mismo tiempo, limitar el traslado inmediato a usuarios. AySA informó que la inflación superó las previsiones entre fines de 2025 y comienzos de 2026 y que aceptó renunciar a montos no facturados en 2025 y absorber el costo de la gradualidad en 2026 (según AySA). Es razonable que una concesionaria en un servicio esencial busque recomposición de ingresos; también es razonable que el Estado empuje por gradualidad para no golpear el consumo. El requisito de presentar informes trimestrales sobre ingresos, gastos e inversiones ofrece una herramienta de monitoreo. Pero la clave estará en que esos datos sean públicos y auditablemente claros: sin transparencia, la gradualidad puede transformarse en deuda acumulada que mañana será pagada por tarifas o por recortes en inversión y empleo en la red.
¿Es suficiente y sostenible la medida?
La medida es útil como alivio temporal, pero no resuelve el problema estructural. Limitar aumentos al 3% mensual desde mayo reduce presión inmediata en el bolsillo (Resolución 14/2026), pero si los costos reales —energía, insumos, mantenimiento— siguen subiendo por encima de ese ritmo, el déficit de la concesionaria aumentará. Si ese agujero se financia con menor inversión, el servicio empeorará; si se financia con deuda o subsidios mal dirigidos, el costo fiscal puede trasladarse a otros sectores. Por eso insistimos: las medidas deben ser temporales, focalizadas y acompañadas de un plan de largo plazo que incluya eficiencia operativa, inversión orientada a reducir pérdidas y mecanismos de financiamiento que no pasen por ajustar salarios o jubilaciones. Además, la falta de controles a la fuga de capitales y la volatilidad cambiaria agravan cualquier esquema tarifario administrado.
Qué exigimos en el seguimiento: transparencia y preservación del empleo
Apoyamos el freno temporal a aumentos porque protege el salario y el consumo, pero exigimos condiciones. Primero, los informes trimestrales que exige la resolución deben publicarse con detalle (costos por insumo, inversión planificada, evolución de la recaudación tarifaria). Segundo, cualquier compensación a AySA por la gradualidad no puede venir de recortes a jubilaciones ni a salarios públicos: rechazamos esas opciones. Tercero, el plan debe incluir cláusulas de preservación del empleo en la operación y mantenimiento de la red: la inversión pública y las concesiones del servicio son intensivas en mano de obra calificada. Finalmente, es imprescindible vincular la revisión tarifaria a metas de eficiencia y a un calendario claro de inversiones para que la protección temporal del bolsillo no signifique deterioro del servicio en el mediano plazo.
En síntesis, aplaudimos una medida focalizada y temporal que prioriza el consumo y el salario, pero advertimos que sin transparencia, seguimiento y un plan productivo para reducir costos estructurales la solución será incompleta y transferirá el problema al futuro.
