El Gobierno autorizó incrementar el corte de bioetanol en las naftas del 12% al 15% (E15), una decisión que, según la Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino, busca amortiguar el impacto en surtidores por la suba del precio internacional del petróleo. La industria dice producir aproximadamente 1,2 millones de metros cúbicos anuales y contar con entre 25% y 30% de capacidad instalada disponible para aumentar la oferta en corto plazo (según Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara, a PERFIL). Además se suspendió el aumento del impuesto a combustibles (IDC e ICL) previsto para abril, según el comunicado oficial del Gobierno.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

Vemos tres efectos inmediatos: presión a la baja en precios en surtidor, mayor demanda de maíz y ociosa capacidad industrial que se puede activar. La industria sostiene que el litro de bioetanol cuesta 0,58 dólares frente a 1 dólar por litro de nafta sin impuestos, lo que mejora la competitividad del bioetanol en la mezcla (Patrick Adam, PERFIL). Con una producción anual reportada de ~1,2 millones m3 y capacidad disponible del 25–30% para escalar, la Cámara estima que parte de las importaciones de naftas —evaluadas por ellos en promedio en US$500 millones anuales en la última década— podría sustituirse.

Sin embargo, la contención del precio en surtidor depende de logística de transporte y de la estructura impositiva: el bioetanol no está gravado con algunos impuestos específicos que afectan a los combustibles líquidos, y el Gobierno ya anunció la suspensión del aumento del IDC e ICL, lo que también altera el balance fiscal (comunicado oficial). La disponibilidad regional es clave: productores alejados de puertos pueden vender localmente, reduciendo costos de transporte y beneficiando economías regionales, según la Cámara.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con el E15?

Ganan los consumidores por mayor participación de un componente más barato en la mezcla, según las cifras de precio por litro que difundió la industria (Patrick Adam, PERFIL). También son potenciales ganadores los productores de maíz y azúcar, especialmente los ubicados lejos de los puertos, y las plantas de bioetanol que pueden operar con capacidad ociosa y sostener empleo industrial en el corto plazo (Cámara de Bioetanol de Maíz; Centro Azucarero Argentino).

En la otra cara aparecen refinadores y la recaudación por impuestos a los combustibles: dado que el bioetanol soporta menor carga impositiva por litro, un mayor corte puede implicar menor recaudación por IDC/ICL y otros tributos a combustibles, algo que el Gobierno deberá medir (según el anuncio oficial). Además, hay riesgos de presión sobre precios de granos si la demanda para biocombustibles compite con la demanda forrajera; no hay todavía datos oficiales concluyentes sobre el impacto neto en precios del maíz y en la cadena cárnica, por lo que conviene monitorear y publicar cifras oficiales.

¿Qué se necesita para que esto sea desarrollo productivo y no un parche coyuntural?

La medida puede ser un impulso productivo si viene acompañada de cuatro políticas: i) reglas fiscales que eviten que la consolidación se financie con recortes a jubilaciones o salarios; ii) inversiones en logística y transporte para que la oferta adicional llegue a todo el país; iii) estímulos y regulación para la transformación local y la cadena de valor (almacenamiento, plantas de extracción, certificación); y iv) un cronograma para adaptar la flota: la Cámara y el Centro Azucarero proponen una obligación de corte del 15% con opción hasta 20% y un mercado donde hasta haya estaciones que vendan solo bioetanol, y recuerdan el precedente brasileño donde los autos “flex” superan el 50% (según declaraciones de la industria a PERFIL).

No alcanza con un anuncio técnico: proponemos que cualquier mayor uso de bioetanol acompañe transferencia de recursos a infraestructura rural y capacitación laboral, reglas claras sobre tratamiento impositivo y evaluación ambiental. Apoyamos medidas que defiendan el consumo y la industria siempre que la consolidación fiscal no se financie con recortes previsionales ni salariales y que vengan acompañadas de políticas productivas y progresivas para proteger empleo e industria.