Desde qué hay detrás del aumento de la comida hasta quién lo termina pagando: la factura pesa en el bolsillo de las familias y en el consumo del Conurbano, con datos que muestran cómo se reparten costos, impuestos y ganancias.
¿Por qué sube la comida?
La formación del precio combina tres pilares: costos de la cadena, carga impositiva y margen empresario. En el caso de la carne bovina, FADA calcula un precio promedio de $12.141 por kilo y desagrega que la cría aporta 26% del precio, el feedlot 22%, el frigorífico 3%, la carnicería 22% y los impuestos 28% (según FADA); consolidando un 52% de costos de cadena, 28% de tributos y 20% de rentabilidad (FADA). Desde la industria, COPAL advierte que entre la salida de fábrica y la góndola los impuestos explican casi 40% del precio y que en la fase de comercialización la mochila impositiva alcanza 48,4%, además de costos logísticos del 10,5% y costos laborales del 10,9% (según COPAL). Estos porcentajes muestran que no basta con mirar la granja: la acumulación de tributos y sobrecostos en cada eslabón empuja el precio final.
¿Quién gana y quién pierde?
La concentración del retail y de proveedores cambia la distribución del ingreso en la cadena: grandes firmas determinan condiciones de negociación y promociones, pero también enfrentan desplome de demanda. Scentia registra que las ventas minoristas cayeron 3,4% en febrero (variación intermensual, según Scentia), lo que presiona a las empresas a ajustar márgenes o recortar empleo. En contraste, los hogares del conurbano sufren más: ISEPCi reporta que los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos subieron 3,36% en marzo (variación mensual) y acumularon 14,08% en el primer trimestre; en términos interanuales la suba fue 38,36% (según ISEPCi). Ese desborde impacta en los informales y en las mujeres, que concentran más trabajo no registrado y gasto en alimentos del hogar, ampliando brechas de ingresos y cuidado.
Logística, shocks externos y apertura: ¿por qué no es solo domesticidad?
Los precios internacionales y los costos logísticos también juegan. El reciente salto del 20% en combustibles por tensiones geopolíticas (cambio en precios internacionales, según la nota) aumenta fletes y distribución y tiende a trasladarse a góndola. Además, la gestión de política comercial influye: la apertura irrestricta de importaciones buscó disciplina por oferta externa, pero puede drenar reservas y reducir recaudación si aplasta la producción local; como advirtió el economista Roberto Feletti, combinar recesión y apertura trae límites en contextos de crisis internacional (citado en la nota). Por último, la desregulación de instrumentos de control y los fideicomisos compensatorios quitados por la actual administración —como la derogación de leyes de abastecimiento y de góndolas y la eliminación de FETA— reducen herramientas públicas para incidir sobre precios.
Qué puede y debe hacer la política ahora
Vemos tres líneas que son compatibles y urgentes: proteger ingresos, atacar concentraciones y morigerar sobrecostos logísticos. Primero, alivios fiscales focalizados y temporales para productos esenciales (por ejemplo exenciones selectivas o reintegros a cadenas que mantengan precios) pueden sostener consumo sin destruir empleo; exigimos transparencia y que no se financien con recortes a jubilaciones o salarios, como ya indicamos en posiciones previas. Segundo, políticas de competencia: investigar acuerdos de precios y prácticas verticales en retail y proveedoras para reducir márgenes abusivos. Tercero, amortiguar choques externos con subsidios temporales al transporte o mecanismos de estabilización de combustibles, y reactivar la demanda vía transferencias indexadas (la Tarjeta Alimentar está fija y corre pérdida de poder). Estas combinaciones priorizan empleo y consumo, sin dejar la carga solo sobre quienes menos tienen.
