Se propone utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES —con un patrimonio que, según ANSES, pasó a USD 75.492 millones en abril de 2026— como salvavidas para reactivar la construcción y el crédito hipotecario. La iniciativa ganó tracción en el congreso del IAEF y desde el establishment financiero argumentan que la banca privada no tiene plazos ni capacidad para financiar obras de largo plazo.
¿Por qué el sector privado apunta al FGS?
El argumento técnico es sencillo: el sistema bancario local adolece de plazos largos y profundidad para obras e hipotecas. Los defensores proponen securitizar carteras hipotecarias y ofrecer instrumentos de inversión capaces de captar al FGS. En términos patrimoniales la propuesta tiene fundamento: el fondo, según ANSES, se valorizó en dólares un 83,3% entre diciembre de 2023 (USD 41.184 millones) y abril de 2026 (USD 75.492 millones), lo que alimenta la idea de que hay “plata ociosa” disponible. Además, se señala que la participación de títulos públicos dentro del portafolio subió del 71,0% en 2023 al 78,1% en 2026, según los estados financieros oficiales, lo que explica la sensación de liquidez concentrada en deuda del Tesoro. Técnicamente la compra de títulos securitizados con oferta pública es posible; lo que falta es consenso político y reglas claras para garantizar prudencia.
¿Cómo impactaría esto en jubilados, en el empleo y en la distribución?
Volcar recursos previsionales a la economía real puede tener efectos positivos sobre empleo en construcción, pero también riesgos distributivos. Hoy la cartera mostró un repliegue de los créditos directos: los Créditos ANSES cayeron de representar 3,4% del FGS en diciembre de 2023 a apenas 0,3% en abril de 2026, pasando nominalmente de $1.379.652 millones a $361.048 millones, según ANSES. Del mismo modo, Proyectos Productivos e Infraestructura redujeron su peso del 6,4% al 3,6% en el mismo lapso. Estos movimientos muestran que, si bien el patrimonio creció, la exposición a la economía real se debilitó. Ceder activos o reasignar recursos sin criterios de protección social podría terminar financiando inversión privada sin asegurar empleo de calidad ni proteger jubilaciones, en especial si se reemplaza financiamiento público directo por compras de ON o fideicomisos sin contrapartidas laborales.
¿Es viable desde lo legal y qué alternativa proponemos?
La viabilidad política está acotada por la ley que blinda el fondo: la Ley 27.574, sancionada en 2020, exige mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para autorizar ventas de acciones u operaciones que afecten la intangibilidad del FGS. Ese candado obliga a pensar soluciones que no impliquen desarme del patrimonio sin consenso. Históricamente el FGS financió grandes obras como Atucha 2 y centrales térmicas, lo que demuestra precedentes técnicos; sin embargo, hoy la cartera accionaria está más concentrada: Energía y Servicios Financieros explican juntos 78,4% de la participación accionaria (ANSES). Nuestra propuesta es coherente con esa realidad y con nuestra posición previa: rechazamos financiar la estabilización con recortes a jubilaciones o salarios. En cambio, proponemos instrumentos focalizados y temporales, por ejemplo que el FGS compre papeles securitizados con oferta pública y calificación, condicionados a metas de generación de empleo y cláusulas de mantenimiento salarial, y al mismo tiempo reempadronamiento y focalización de programas sociales para proteger consumo.
Cerramos observando que la discusión no es solo técnica: es política y distributiva. Si el objetivo real es reactivar la construcción y proteger empleo, hay alternativas menos riesgosas que vaciar o relativizar la intangibilidad previsional. Usos limitados, transparencia, metas de empleo y control parlamentario amplio son condiciones necesarias. Rechazamos financiar la consolidación con recortes previsionales o salariales; proponemos uso focalizado del FGS y reempadronamiento de programas para proteger empleo y consumo, manteniendo la sostenibilidad del sistema jubilatorio.
