Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, 22.608 empresas con al menos un trabajador dejaron de existir, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). En 2025 se destruyeron 10.392 unidades productivas, una caída de 2,1% interanual, y el empleo registrado cayó 1% en ese año, lo que equivale a 106.200 puestos menos (Secretaría de Trabajo, SIPA). Este conjunto de cifras resume una desconexión entre crecimiento agregado y salud del tejido productivo.
¿Por qué cierran tantas empresas?
Vemos tres factores que convergen y explican la dinámica de cierres. Primero, la reapertura y liberalización de importaciones afectó a firmas que competían en precio; FATE y otras plantas locales perdieron mercado por un aumento de la competencia externa (según reportes sectoriales citados por Ámbito). Segundo, hay señales de atraso cambiario que encarecen insumos locales relativos a importaciones de capital y repuestos, debilitando la competitividad de sectores intensivos en bienes intermedios. Tercero, la debilidad del mercado interno restringe la demanda: la Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC muestra que 54,1% de las empresas industriales reportó carteras de pedidos por debajo de lo normal. Además, la capacidad instalada industrial operó al 53,6% en enero, el peor arranque desde 2002 (INDEC). Estos elementos explican por qué el crecimiento del EMAE de 4,4% en 2025 estuvo concentrado en agro, petróleo, minería y finanzas, sin arrastre industrial (EMAE preliminar 2025).
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
El cierre de firmas y la caída del empleo formal tienen efectos acumulativos sobre la demanda agregada y la estabilidad social. Desde noviembre de 2023 se perdieron 288.815 puestos de trabajo según la Secretaría de Trabajo (SIPA), una cifra que la recuperación macro no ha compensado plenamente, y 15 meses consecutivos mostraron descenso mensual en la cantidad de empresas (SRT). La UIA reportó que 45,6% de las empresas tuvo dificultades para afrontar pagos y que 22,2% redujo su dotación de personal en su relevamiento reciente, lo que anticipa más ajustes y pérdida de ingresos familiares. Parte de la supuesta “compensación” llega por monotributo, pero la precariedad del empleo independiente no sustituye la calidad del trabajo registrado ni la masa salarial que sostiene la demanda interna. En términos prácticos, menos empresas y menos salarios reducen el mercado local, cierran pedidos y alimentan un círculo recesivo.
¿Qué políticas evitarían el industricidio?
La prioridad debe ser consolidar las cuentas públicas sin financiarse con recortes previsionales ni salariales, tal como hemos sostenido. La política debe combinar: a) medidas de administración cambiaria que eviten saltos de tipo de cambio reales que destruyan capacidad productiva; b) controles temporales y focalizados a importaciones sensibles para dar tiempo a la adaptación productiva; c) líneas de crédito dirigidas a capital de trabajo e inversión para pymes con salvaguardas de empleo; y d) ingresos más progresivos que aumenten la recaudación sin ahogar la demanda. Además, es imprescindible un plan de corto plazo para sostener la demanda salarial y preservar jubilaciones, porque el salario es también demanda agregada. Negociar con organismos internacionales es necesario, pero sin asumir recetas que prioricen el ajuste sobre el trabajo. Si no se corrige el rumbo con políticas productivas y sociales, la pérdida de empresas y empleos puede consolidarse en daños estructurales difíciles de revertir.
Cerramos señalando que las cifras oficiales —SRT, SIPA, INDEC y encuestas de la UIA— muestran una economía que crece en términos agregados pero se desintegra en su tejido productivo y laboral. La tarea urgente es diseñar una salida que combine estabilidad macro con políticas activas para proteger empleos, salarios y la capacidad industrial, sin trasladar el costo a jubilados ni trabajadores.
