En dos años se cerraron 283 sucursales bancarias en la Argentina, una contracción de la red física que abre una discusión sobre empleo, inclusión y regulación (según iProfesional). Este dato sintetiza el proceso: a fines de 2023 había 4.414 sucursales, en 2024 bajaron a 4.336 y en 2025 cerraron en 4.131 (según iProfesional). La lectura no puede limitarse a la eficiencia operativa; hay consecuencias distributivas y territoriales que requieren política pública.

¿Qué está pasando con las sucursales y el empleo?

Observamos que el achique de la red bancaria ya tiene un impacto laboral concreto y una respuesta sindical activa. La Asociación Bancaria declaró el estado de alerta y movilización ante cierres, despidos y “maniobras” de ajuste en distintas entidades (según iProfesional). Entre los grandes privados, Santander redujo su red de cerca de 395 sucursales en 2022 a aproximadamente 297 hacia fines de 2025, una contracción superior al 25% en poco más de dos años (según iProfesional). Para trabajadores y trabajadoras eso significa pérdida de puestos, reubicaciones forzosas y mayor precariedad; para usuarios, menos atención presencial en barrios y localidades pequeñas. La discusión no es sólo si es razonable desde el punto de vista de costos, sino quién absorbe el ajuste: los empleados, los clientes más vulnerables o los accionistas.

¿Por qué se reducen las redes físicas?

Hay una conjunción de factores: un salto en la morosidad, cambios tecnológicos, fusiones y exigencias regulatorias. En enero la proporción de clientes que dejaron de pagar sus créditos o resumenes subió a 10,3%, contra 2,67% un año antes; en préstamos personales la incobrabilidad llegó al 13,2% (según iProfesional). Al mismo tiempo, el sector señala que alrededor del 90% de las operaciones ya se concretan por canales digitales y que la asistencia presencial cayó alrededor de 30% interanual, por lo que la demanda por caja y ventanilla se comprimió (según iProfesional). A esto se suman fusiones como Galicia/HSBC y Macro/Itaú, que generan superposición territorial, y pérdidas por la caída en la cotización de bonos en 2025 que afectaron balances (según iProfesional). La decisión empresarial de redirigir inversión hacia tecnología es comprensible, pero se toma en un contexto de estrés crediticio y consolidación de mercado.

¿Cómo impacta esto en el acceso y en la distribución del empleo?

La transformación no es neutral: afecta con más fuerza a quienes dependen del servicio presencial —personas mayores, hogares sin conectividad robusta y localidades con baja densidad digital— y a quienes trabajan en las sucursales. Los bancos mismos reportan que más del 60% de los nuevos clientes se incorporan completamente online, pero eso no resuelve el cierre de puntos de atención en áreas periféricas (según iProfesional). Además, la concentración de red puede agravar la desigualdad territorial: cuando una sucursal cierra, no siempre aparece una corresponsalía equivalente que garantice todos los servicios. Desde la lente laboral, perder empleos en el sector bancario no es neutral para la demanda: el salario es también demanda agregada y tiene efectos indirectos sobre consumo y empleo en industrias conexas.

¿Qué políticas necesitamos para ordenar la transición?

No creemos que la respuesta sea prohibir la digitalización ni impedir la reordenación empresarial, pero sí exigir reglas que protejan empleo, acceso y competencia. Primero, negociar protocolos de transición con la Bancaria que incluyan reubicación, capacitación y garantías de indemnización, para evitar que la consolidación se traduzca en precarización masiva. Segundo, regular la obligatoriedad de servicios mínimos en zonas de baja conectividad o vulnerabilidad social y fortalecer las corresponsalías con estándares de servicio. Tercero, condicionar autorizaciones de fusiones a planes de mantenimiento de acceso territorial y a compromisos de inversión productiva. Finalmente, usar la ventana de ajuste para promover crédito orientado a la producción y programas de reconversión laboral: apoyamos la consolidación fiscal que no se financie con recortes previsionales ni salariales y exigimos medidas productivas y progresivas para proteger empleo e industria.

La banca argentina está en plena transformación; la pregunta es si esa transformación será gestionada con diálogo social, reglas y políticas activas, o si se dejará al mercado decidir quién pierde. Sin políticas, el ajuste redistribuirá renta de salarios y servicios locales hacia ganancias concentradas, amplificando problemas estructurales que ya conocemos.