Con el anuncio del cierre de la planta de Fate en San Fernando, los turnos quedan vacíos y las familias enfrentan la incertidumbre de perder un ingreso que, muchas veces, sostiene hogares enteros. Según la nota publicada el 22/2/2026, la compañía condiciona cualquier reapertura a que el gobierno revierta la reducción arancelaria o aplique medidas antidumping contra importaciones desde China.

El dato central y su historia reciente

La disputa tiene un dato objetivo: el arancel sobre neumáticos, afirman la empresa y la nota, bajó del 35% en diciembre de 2023 al 16% vigente desde enero de 2026, y la empresa reporta que esa apertura empujó una caída del precio de venta del 35% y una reducción de la producción del 40% (según la nota del 22/2/2026). Además, las importaciones chinas habrían llegado a 850.000 unidades mensuales en el último trimestre citado por la misma fuente.

Comparado con la situación de finales de 2023, estas cifras indican un cambio rápido en la composición del mercado local. El efecto no es solo de competitividad: es una transferencia de demanda hacia bienes importados con precios que, según la empresa, no cubren los costos de producción locales.

Las causas múltiples detrás del cierre

No hay un único responsable. La nota combina tres elementos: una apertura arancelaria sostenida por la política del gobierno; condiciones micro y macro adversas —impuestos, costos logísticos y restricciones cambiarias—; y conflictos sindicales que aumentaron la tensión. Para Fate, la política arancelaria es la causa determinante; para el gobierno, mantener la reducción es una línea roja ideológica.

Es relevante señalar que el cierre de Fate no es un caso aislado en la nota: se listan otros cierres y despidos recientes. Whirlpool en Pilar dejó entre 220 y 300 trabajadores sin tarea; SKF trasladó producción a Brasil y despidió alrededor de 150 operarios; Essen redujo turnos y suplantó cerca del 45% de su producción por importaciones (según la nota del 22/2/2026). Estas cifras muestran que la pérdida de actividad atraviesa varios eslabones industriales.

Qué implica para el empleo y la demanda

La industria manufacturera concentra empleo formal y salarios relativamente más altos que otros sectores. Cuando una planta cierra, no solo se pierden puestos: se reduce la demanda local por servicios y consumo, con efectos multiplicadores en pequeños comercios y en la cadena de proveedores. Desde nuestra perspectiva, el salario no es solo un costo; es demanda agregada. Perder empleo industrial es perder mercado interno.

Hay además un impacto de género que no hay que subestimar. Aunque la mano de obra directa en muchas plantas es mayoritariamente masculina, las rupturas laborales suelen aumentar la vulnerabilidad de los hogares y redistribuir cargas de cuidado hacia las mujeres, que a menudo deben combinar búsqueda de ingreso con mayor trabajo no remunerado en el hogar.

Qué alternativas políticas existen y por qué no son simples

La alternativa que pide Fate —rehacer la política arancelaria— choca con dos problemas señalados por el gobierno: la coherencia frente a reclamos sectoriales y una decisión ideológica de apertura. En otras economías de la región se suelen combinar herramientas: protección temporal y selectiva, subsidios a la modernización, créditos con tasa subsidiada y medidas antidumping cuando existen pruebas de prácticas desleales. Ninguna de estas opciones es mágica; todas requieren recursos fiscales y administración técnica.

Lo que no puede hacerse es presentar la apertura comercia l como un valor absoluto sin políticas de transición. Si la estrategia es bajar aranceles, debe acompañarse con instrumentos que permitan a la industria mejorar productividad, reconvertir capacidades y sostener empleo registrado durante la transición.

Conclusión y propuesta

Vemos que el cierre de Fate sintetiza un dilema: la defensa de una ortodoxia comercial que busca precios bajos al costo del trabajo formal y la producción local, o una política que proteja empleo y salarios mientras impulsa la productividad industrial. Defendemos consolidar salarios y proteger el empleo y la formalización, combinando la expansión de la protección social con políticas activas que sostengan la producción y el empleo registrado. En la práctica, esto implica abrir negociaciones técnicas para medidas antidumping verificables, subsidios a la modernización productiva, y líneas de crédito para la reconversión de plantas, junto con un acuerdo de transición laboral que minimice el impacto sobre las familias afectadas.

Si no se articulan estas políticas, el país corre el riesgo de una desindustrialización acelerada que no solo destruye puestos de trabajo, sino que erosiona la demanda interna de la que depende cualquier intento serio de crecimiento sostenido.